Por: Kelvin Arias
En la actualidad, asistimos a una preocupante desfiguración de los roles institucionales. La sociedad parece haber entrado en un estado de aletargamiento cívico donde los límites de la responsabilidad política se desdibujan, permitiendo que la narrativa sustituya a la gestión y que el asistencialismo opaque la verdadera administración.
Esta crisis de discernimiento no es nueva, pero ha alcanzado niveles críticos. Como bien advierte la sabiduría bíblica en Isaías 5:20:
»¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!»
Esta inversión de valores se traslada al ejercicio del poder cuando los ciudadanos pierden la capacidad de distinguir entre lo que un funcionario debe hacer y lo que simplemente hace para ganar simpatía.
La Función Administrativa vs. La Función Electiva
El primer paso para romper este paradigma es entender la naturaleza del cargo. No se puede evaluar lo que no se conoce.
La Función Administrativa: Se rige por la técnica, la legalidad y la eficiencia. El administrador público está llamado a gestionar los recursos del Estado para garantizar servicios básicos, aplicar leyes y ejecutar presupuestos de forma transparente. Su éxito se mide en resultados tangibles y en el respeto estricto a la jerarquía normativa.
La Función Electiva: Los funcionarios elegidos por el voto popular tienen una carga de representación. Su función no es solo «hacer», sino legislar, fiscalizar y ser la voz de las necesidades colectivas. Sin embargo, el peligro surge cuando el funcionario electo se convierte en un «gestor de favores» personales, descuidando su responsabilidad de crear políticas públicas sostenibles.
El Peligro de la Evaluación Superficial
Cuando el ciudadano no distingue estas funciones, su capacidad de evaluación se anula. Si un legislador es valorado por «donar una canasta» en lugar de por su capacidad para fiscalizar el gasto público o proponer leyes que transformen la sociedad, estamos ante un síntoma claro de que lo amargo ha sido tomado por dulce.
El cambio de paradigma exige una educación ciudadana profunda. Evaluar un desempeño no es un acto de agradecimiento por un favor recibido; es un ejercicio de auditoría social sobre el cumplimiento de un mandato legal.
Conclusión
Ha llegado el tiempo de rescatar la verdad en la gestión pública. La única forma de evitar que nos sigan vendiendo «tinieblas por luz» es exigiendo que cada funcionario ocupe su lugar y cumpla con su propósito legal. Solo cuando el pueblo conozca las funciones reales de sus representantes, podrá distinguir el trigo de la paja y elegir no a quien mejor hable, sino a quien mejor sirva dentro del marco de la ley y la ética.
