Usar los recursos del Estado para la política viene de lejos

 

Cuando este país retomó la acción política luego de la Guerra de 1965, vi durante la campaña electoral de 1966 y 1970 en mi natal Ocoa uno de los episodios más folclóricos: cinco o seis camiones de los que usualmente llevaban papa o café hacia Santo Domingo, que en esas ocasiones iban cargados de campesinos que se agarraban de las barandillas para hacer el largo viaje a la capital a apoyar un mitin del Partido Reformista que postulaba a Joaquín Balaguer.

 

Antes de salir a recorrer los 106 kilómetros que distan de Ocoa a Santo Domingo con su carga de gente valiosa, trabajadora, honrada, pero analfabeta en todos los sentidos, que iba a participar en mítines políticos, esos camiones se alineaban frente a una panadería y de ella salían entre cinco y seis sacos de pan caliente para cada vehículo que se iban a juntar con cubetas de mantequilla que invariablemente entraban a los panes en la punta del puñal de cada uno de los allí enjaulados.

 

¡Un par de panes con mantequilla para cada participante era el inicio del uso de los recursos del Estado en campaña electoral!

 

Para la mujer y en todo el país, estaba la Cruzada del Amor, dirigida por Ema Balaguer, que no era una mujer rica, pero repartía millones de pesos cada día en enseres, una mezcla de filantropía muy bien diseñada para captar votos para su hermano.

 

Tiempo después pasamos a la dieta de pica pollos y ron, salami, más 500 pesos y la vocinglería era más potente y atornillada. Una vez el síndico, el diputado o el senador estaban coronados, ellos eran los suplidores del dinero para pagar recetas a los seguidores políticos que tenían que conformarse con pedir, porque ellos como funcionarios no se ocupaban de que los hospitales tuvieran nada, ni buena atención ni laboratorios, ni medicinas ni un ungüento para la picadura de una avispa.

 

Si un familiar moría por falta de atención curativa -aun no existe la atención preventiva -, entonces esas “autoridades” estaban ahí para suplir el ataúd.

 

Todo eso a cambio del voto que les da poder para entregar las riquezas nacionales a la oligarquía y ellos -los políticos- quedarse con las migajas que caen de sus bembas insaciables.

 

La práctica del clientelismo y la manipulación de la miseria de la gente humilde ha llegado tan lejos que en los gobiernos peledeístas se “oficializó” por defecto el dadiveo de los diputados y los senadores a través del “cofrecito” y el “barrilito”, convirtiéndose los legisladores “de facto”, en quienes hacen las leyes impositivas y quienes administran una parte de las recaudaciones.

 

Hoy la cosa es diferente. Los recursos del Estado en campaña van desde el aprovechamiento de la proyección de la imagen pública de los funcionarios-legisladores-alcaldes que son candidatos, vehículos, instalaciones, hasta los teléfonos con los que se participa en las redes a pesar de que los paga el Gobierno, el Congreso o la Alcaldía.

 

Fue Leonel el que dijo en Nueva York antes de las elecciones de 2012 que el gobierno tenía 40,000 millones de dólares para invertirlos y de esa forma desmontar la ventaja de 25 puntos que tenía Hipólito Mejía (PRD) frente a Danilo Medina (PLD). No solo invirtió ese dinero, llevó el déficit fiscal a 8% del PIB y al nuevo presidente Danilo le dejó “un maletín lleno de facturas por pagar”.

 

La cosa es tan vieja y generalizada que hablar de eso es una cacofonía. ¿Quién con poder no lo ha usado para perpetuarse o apoyar a los suyos en contra de sus adversarios?

 

Ese reclamo corresponde a los ciudadanos que deploraron aquellas prácticas sancionables, no a los políticos, y mucho menos a los precandidatos que tan gentilmente regalaron a unos pocos lo que era de todos para cumplir compromisos políticos o garantizarlos a futuro.

 

Cuando los competidores políticos son las personas que no han hecho nada para combatir la corrupción salen a deplorar el uso de los recursos del Estado en la precampaña política, en realidad hacen un ejercicio de hipocresía porque en este momento no son ellos los beneficiarios inmediatos de ese tipo de apoyo.

 

Quienes hoy pueden reclamar que no se usen los recursos del Estado -lo que la ley sanciona y nunca debió ni debe ocurrir- son los partidos y los sectores sociales que nunca la han practicado, quienes no entregaron sobrecitos ni inauguraron el “comesolismo” en 1996 repartiéndose todo a escondidas entre miembros de su partido.

 

El gobierno de Leonel no tenía una Cruzada del Amor, sino el PEME para pagarle al tigueraje un peaje sombra y mantenerlo apaciguado y a su servicio.

 

 

Eso lo sabe el país entero pero ahora desde precandidatos retirados hasta contendientes asustados vienen a “deplorar” el uso de los recursos del Estado en el activismo político, como si el país hubiese sido empotrado en territorio danés.

 

Los recursos del Estado no son solo dinero y vehículos, también son el control de las instituciones.

 

¿Acaso los expresidentes que hoy quieren volver (Leonel e Hipólito) no aprovecharon su posición para nombrar a los jueces de su predilección y a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) de su mayor conveniencia? Las posiciones que hoy esgrimen ciertos políticos solo lucen en boca de dirigentes de las iglesias o de Participación Ciudadana, pero no de los maestros usando los recursos del Estado no solo para activar políticamente, sino para mucho más que eso.

 

Cuando se aprobó la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral, el diputado peledeísta José Laluz se empeñó en que se estableciera un sistema de investigación y sanción contra el financiamiento de campañas y candidatos mediante el uso de recursos del Estado.

 

Eso dio lugar a que en la ley se consignara la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución del Delito Electoral. Y ahí está pero es letra muerta porque a ningún dirigente político le ha interesado que esa fiscalía se ponga en funcionamiento y actúe con independencia para investigar y tratar de hacer castigar a quienes realizan maniobras fraudulentas para obtener dinero público e “invertirlo” en política.

 

El propio Laluz, que parece más ocoeño que peledeísta, se ha encargado de subrayar en sus programas de televisión y radio, que los mayores escándalos de corrupción que conoce el país están estrechamente vinculados con el financiamiento electoral: Odebrecht, OMSA, OISOE, Tierras del CEA, Los Tres Brazos.

 

Con los recursos del Estado a mano se puede ganar una candidatura y perder unas elecciones. Se puede perder una candidatura y perder una elección, pero en muchos casos se puede ganar una candidatura y también las elecciones.

 

Quienes más han usado los recursos del Estado para ganar candidaturas y elecciones, y también estatus social y económico, no pueden tener como explicación que los utilizaron contra ellos si caen derrotados.

 

Una gran derrota ronda en torno a un proyecto político monárquico y si se deja contar los votos el 6 de octubre y cae, la culpa será del “uso masivo de los recursos del Estado”, no de la impertinencia de su insaciable sed de poder.