SANTO DOMINGO-Apenas un día después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales difundiera un comunicado afirmando que la zona protegida de Valle Nuevo está libre de labores agrícolas y de asentamientos humanos.
Los jueces de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitieron una sentencia en la que comprueban el incumplimiento de las disposiciones que mandan a preservar ese parque nacional.
La decisión del tribunal, del pasado jueves 3 de enero, acoge un recurso de amparo interpuesto por activistas ambientales contra el Ministerio y el ministro Ángel Estévez por incumplir las normas y disposiciones que prohiben la actividades agrícolas dentro del parque. Ordena el desalojo de cualquier asentamiento agrícola dentro del parque en un plazo de dos meses.
Una de esas normativas, la resolución 14/2016, del 29 de septiembre de 2016 aprueba la implementación del Plan de Acción para el Rescate del Parque Nacional Valle Nuevo.
La normativa emitida por el pasado ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, prohibe terminantemente las actividades agrícolas y ganaderas dentro del parque, así como el ingreso de semillas, fertilizantes, agroquímicos, insumos en general y herramientas de labranza agrícola.
Sin embargo, los ambientalistas sustentan en su demanda, y así se comprueba con un reportaje publicado por este medio en diciembre pasado, bajo el título “La siembra latente que amenaza la preservación de Valle Nuevo”, que las actividades agrícolas continúan en varias zonas del parque. Y pidieron al tribunal que ordenar el cumplimiento de las normativas.
El ministro Estévez, que según su Dirección de Comunicaciones se referirá en su momento a la sentencia que ahora está evaluando, ha declarado en varias ocasiones que no piensa eliminar ninguna planta de fruto que se coma ni tumbar las casas de nadie.
En declaraciones a este medio el ministro sostuvo que antes de desalojar a alguien de Valle Nuevo hay que buscarle un lugar a dónde llevarlo, así le tome dos o tres años.
Además de ser un reconocido agroempresario, Estévez se define como un agricultor al que le duele que saquen a otros campesinos de sus tierras y declaró a este medio que, antes de desalojar a alguien de Valle Nuevo hay que buscarle un lugar a dónde llevarlos, así le tome dos o tres años.
Amenaza a los derechos de todos
El recurso de amparo fue interpuesto por Vienchy María Rodríguez Alonzo, Ariel José Sing Gómez, María Isabel Serrano Dina, Beatriz Ferrer Rodríguez, Carlos Augusto Batista Batista y Aristides Trejo Liranzo, quienes alegan que la actuación del ministro Estévez y del Ministerio es una amenaza a los derechos colectivos y difusos a la conservación del equilibrio ecológico, a la fauna y la flora, así como a la protección del medio ambiente.
Así lo acogió el tribunal que en su sentencia marcada con el 0030-04-2018-SSEN-00412 establece que “pudo observar un incumplimiento parcial de parte del accionado en acatar diversas disposiciones jurídicas que buscan salvaguardar derechos fundamentales estipulados en nuestra constitución, específicamente en sus artículos 66 y 67”.
El TSA consideró que de igual forma hubo transgresión al decreto 233-96, a la resolución 14/2016, a la Ley Sectorial de Áreas protegidas número 202-04 y a la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Parque Nacional Valle Nuevo es un área protegida de unos 910 kilómetros cuadrados de la que emergen cientos de ríos que aportan su caudal a gran parte del país y que es amenazada por la alta actividad de cultivos en sus empinadas montañas de más de dos mil metros sobre el nivel mar.
Aunque lamenta y le resulta irónico que la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales tengan que acudir a los tribunales para que la institución creada por ley para proteger el medio ambiente cumpla su rol, el ambientalista Ariel Contreras entiende que la sentencia del TSA les da una esperanza de que los derechos colectivos establecidos en la Constitución se hacen valer.
Considera que la decisión es un precedente a favor de la conservación de los recursos naturales que se une a otras decisiones emanadas del Tribunal Constitucional que habría prohibido un aserradero en Valle Nuevo.
“El escenario ideal ( y por el que vamos a velar) es que se toman las acciones de lugar y se elimine finalmente toda la agricultura ilegal dentro de los límites del parque, en un plazo de dos meses como lo ha establecido y exigido el TSA al Ministerio de Medio Ambiente”, manifestó.
Irían a tribunal por desacato
El ambientalista Ariel Contreras advirtió que si se incumple la decisión del TSA se abrirían las puertas a una querella por desacato judicial que no dudarán en interponer, además de manifestaciones en las calles y en la prensa. “El tiempo de negligencia y complicidad del Ministerio ya termina”, enfatizó.
Fuente: Diariolibre.com
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