Por Kelvin Arias
La promulgación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue recibida en su momento como el remedio definitivo para el caos vehicular en la República Dominicana. Sin embargo, a casi una década de su implementación, el sistema sigue asfixiado por una estructura institucional hipertrofiada y una visión que parece priorizar la recaudación sobre la prevención.
El Laberinto Institucional: ¿Quién manda a quién?
Uno de los mayores problemas de la Ley 63-17 es la fragmentación del mando. Aunque se creó el INTRANT como órgano rector, en la práctica existe una superposición de funciones que genera ineficiencia y confusión:
- • Duplicidad de mandos: La coexistencia de ministerios, ayuntamientos y organismos descentralizados crea zonas grises donde nadie asume la responsabilidad final de la viabilidad.
- • Gasto Público: Mantener estructuras administrativas paralelas para una misma finalidad drena recursos que deberían invertirse en señalización inteligente y educación vial.
El Caso DIGESETT: ¿Seguridad o Recaudación?
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha sido objeto de una crítica ciudadana constante. Lo que debería ser un cuerpo de facilitación del flujo vehicular y fiscalización para salvar vidas, ha derivado en la percepción pública y en la práctica operativa en una maquinaria de recaudación.
»La efectividad de un agente de tránsito no debería medirse por cuántas multas coloca al final del día, sino por la fluidez de la vía y la reducción de siniestros en su zona de responsabilidad.»
La modificación de la ley debe replantear la naturaleza de esta institución. La fiscalización debe ser un medio para el orden, no un fin para alcanzar metas presupuestarias.
Propuestas para la Modificación de la Ley
Para lograr un sistema eficiente, la reforma debe contemplar los siguientes pilares:
- 1. Unificación de Autoridades: Eliminar los departamentos de tránsito municipales que colisionen con las directrices nacionales, centralizando la ejecución técnica exclusivamente en el INTRANT.
- 2. Reforma de la DIGESETT: Transformar la institución en una verdadera «Policía de Carreteras» técnica, eliminando las cuotas de multas y vinculando sus incentivos a la reducción de accidentes.
- 3. Digitalización de la Fiscalización: Sustituir el criterio subjetivo del agente por fotomultas y radares. Esto reduce el contacto humano propenso a la corrupción y asegura que la sanción sea justa y basada en evidencia.
- 4. Destino de las Multas: Establecer por ley que el 100% de lo recaudado por infracciones se reinvierta exclusivamente en educación vial y mejora de infraestructuras, eliminando el incentivo de usar las multas para cubrir gastos operativos de la institución.
Conclusión
La República Dominicana no necesita más instituciones, necesita que las que existen funcionen con transparencia. Modificar la Ley 63-17 para podar el exceso burocrático y devolverle a la DIGESETT su rol de protectora del ciudadano es el único camino para dejar de ser uno de los países con mayor mortalidad vial en la región.
