SANTO DOMINGO-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que solo quedan 1,079 maestros bloqueados de la nómina, cantidad que podría aumentar o disminuir si se determina que hay más profesores en situación irregular. Asimismo arrojó que 1,680 docentes presentaban diversas irregularidades en sus cargos, lo que implicaba un gasto de 648 millones sumados a 224 millones que se gastaban en contrataciones adicionales.
En una información dada a conocer por el director de Comunicaciones del Minerd, se indicó que el proceso de auditoría y saneamiento de la nómina docente concluyó y en la misma se auditaron 89,054 maestros.
Recordó que fruto de la auditoría fueron bloqueados 8,098 maestros que no pudieron ser identificados ni en las labores de campo ni en cruces electrónicos en la nómina.
ndicó que posteriormente, de este total de bloqueados, 4,169 docentes se presentaron con evidencias de estar desempeñando su labor, por lo que fueron desbloqueados.
Sin embargo 3,929 docentes se mantuvieron bloqueados por no presentar en ese momento ningún tipo de evidencia válida, por lo que quedaron para un último proceso de verificación, en el cual estuvieron representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Irregularidades. De los 3,929 bloqueados se encontró que 647 docentes fueron identificados con menos carga laboral; 309 estaban laborando en colegios privados sin mediar acuerdos institucionales oficiales; 594 docentes habían abandonado las aulas sin haber agotado el debido proceso de jubilación o pensión; 130 docentes habían abandonado su trabajo por encontrarse fuera del país durante períodos prolongados sin contar con permisos regulares.
«Con estas irregularidades, la carga salarial de estos 1,680 docentes representaba un estimado de 648 millones de pesos al año», aseveró Medina.
Agregó que estas distorsiones laborales han tenido como consecuencia las contrataciones adicionales de personal para llenar los espacios docentes dejados vacíos total o parcialmente por los 1,680 docentes precitados, los cuales alcanzaban un monto de 224 millones de pesos al año.
Casos presentados por ADP. Medina informó que adicionalmente la ADP presentó en agosto pasado 799 maestros que habían sido bloqueados. De esto se determinó que ya 188 se habían trabajado previamente, por lo que el total de casos a revisar se redujo a 611. De esta cantidad, la reverificación arrojó que 19 se encontraban fuera del país de manera irregular; 49 trabajaban en colegios privados sin acuerdos que lo justificaran, 73 presentaron evidencias que no proceden y 29 maestros que solo justificaron una tanda y cobraban por dos. Dijo que, por esta razón, de los 611 casos se ha procedido al desbloqueo de 441 y fue improcedente en 170.
Crisis. La auditoría docente ha ocasionado un enfrentamiento con la ADP que señala que aún quedan 1,818 maestros sin cobrar, casos por el cual sometieron un recurso de amparo.
Distorsión. Medina informó además que esa auditoría permitió determinar que 28,747 docentes, equivalentes al 32% del total, no prestaban servicios en el lugar que estaban designados, sino en otros centros a donde fueron trasladados sin el debido registro de cambio, por lo cual se ha procedido al registro formal.
Medina informó que, como parte de este proceso de regularización y saneamiento de la nómina, a través de los decretos 192, 193 y 279 del presente año, el gobierno o ha jubilado o pensionado a 4,883 docentes, por lo cual se está procediendo a llenar las plazas necesarias acudiendo al banco de docentes en el orden resultado del concurso, habiendo previamente reubicado en parte de dichas plazas, al personal disponible producto de la auditoría.
Medina señaló que los próximos pasos del proceso de saneamiento, implican auditar la nómina de los Programas de Educación para Adultos y la nómina administrativa, así como fortalecer la Dirección de Recursos Humanos y otras dependencias, a través del desarrollo de un plan de mejora, el cual procura corregir esta situación de manera sostenible.
El funcionario insistió en que el interés del ministro Andrés Navarro es que «este 4% del PIB asignado a Educación tenga un manejo más transparente y más eficiente, para lograr la calidad de la educación que aspira la sociedad dominicana».
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