SANTO DOMINGO- Al celebrarse hoy los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, más de 25 organizaciones de la sociedad civil articuladas en la Coalición ONG por la Infancia llamaron al Estado y a toda la sociedad a pagar la deuda histórica con la niñez.
Expresaron que en cada uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia consagrados en este convenio internacional persisten brechas que datan desde la fecha en que fue adoptada la Convención, que pueden catalogarse como treinta años de deudas.
«Hay derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en los que el Estado dominicano y la sociedad son deudores por más de treinta años. Reconocemos los avances del país en materia de garantía de derechos de la niñez, sin embargo, hacemos un llamado a acelerar los esfuerzos para que esta población goce plenamente de sus derechos», indicaron.
De acuerdo al espacio de articulación de la sociedad civil, a 30 treinta años de haberse adoptado el instrumento internacional de los derechos de la niñez, la deuda del Estado y la sociedad con la población infantil consiste en que, la mortalidad infantil alcanza una tasa de 31 por cada mil nacidos vivos en el país, similar a países africanos; la desnutrición infantil crónica es de 7%; casi medio millón de niños y niñas están fuera el sistema educativo.
En ese mismo orden, el 25% de la población, incluyendo a la infantil, no tiene acceso al agua, ocupando el puesto número 10 de 11 países evaluados en América Latina y El Caribe; el porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con esquema completo de vacunación apenas alcanza un 53% y 23 de cada mil nacidos vivos mueren en los primeros veintiocho días de nacidos.
Mientras que un 12.9% de los nacimientos no son inscritos en el registro civil; y en cuanto al derecho a la participación aún persiste la exclusión de los mismos de los espacios de toma de decisiones que les afectan.
Otras de las obligaciones no cumplidas con la niñez radican en que, más de 63% de los hogares utiliza el castigo físico y psicológico para disciplinar a sus hijos; 8 de cada 10 víctimas de abuso sexual son niñas; el 13% de los niños y niñas están trabajando en lugar de estar en la escuela; el 36% de las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 24 años se casó o unió antes de los 18 años; y más de 2 mil niños y niñas no tienen hogar.
Para pagar la deuda con la niñez, la Coalición de ONGs por la Infancia propone priorizar la inversión en la niñez en la aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado. Esto incluye una mayor asignación a aquellas instituciones con obligaciones directas de garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una rueda de prensa realizada por la Coalición de ONGs por la Infancia con la cual dieron apertura a los actos de celebración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño.
Dentro de las actividades que se estarán realizando están un encuentro con adolescentes y un conversatorio con actores del sistema de protección y la sociedad civil.
Durante la rueda de prensa, las organizaciones solicitaron garantizar que las instituciones responsables incluyan partidas diferenciadas dirigidas a promover el cumplimiento y respeto de los derechos de los niños y niñas en sus respectivos ámbitos de actuación.
Además, de concluir de manera definitiva con la puesta en marcha del servicio y el seguro familiar de salud, incluido el conjunto de medidas preventivas que implique una adecuada supervisión y seguimiento médico a los procesos nutricionales e inmunológicos en la primera infancia.
Las organizaciones solicitaron mejorar la calidad de la educación, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades docentes, aplicación efectiva de la currícula educativa en la tanda extendida y otras modalidades e incremento de la calidad de la alimentación escolar.
Concluir urgentemente con la conformación de las estructuras del Sistema Nacional de Protección, incluidas las judiciales, pero, sobre todo, aquellas que tienen lugar en el ámbito local.
Se trata de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos. Pero también fortalecer dichos órganos, revistiéndoles de la autoridad que en la práctica requieren para actuar en la protección de los derechos de la niñez.
Demandaron ampliar los programas de fortalecimiento familiar y protección social en la dirección de prevenir las causas que originan la pérdida del cuidado parental, así como la eliminación de la violencia en todas sus manifestaciones, el abuso contra la niñez, y la erradicación definitiva del trabajo infantil.
Al tiempo, que solicitaron fortalecer los mecanismos de atención a niños y niñas víctimas de feminicidios, considerando la inclusión de las familias acogedoras de hecho y/o de derecho en los procesos de apoyo psicoterapéutico, así como la sensibilización de las mismas sobre los derechos.
Poner en marcha políticas y acciones dirigidas al empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y como ejercerlos. Al mismo tiempo, es necesario dotarles de herramientas prácticas que les permitan actuar frente a cualquier vulneración de sus derechos.
Aprobar a la mayor brevedad posible las iniciativas legislativas que actualmente cursan en el Congreso Nacional como son la de Crianza Positiva, la que crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, la de Paternidad y Maternidad Responsable y la eliminación de las excepciones al matrimonio infantil del Código Civil.
Hicieron también, un llamado a los precandidatos presidenciales y a puestos electivos en los gobiernos locales a priorizar en sus agendas de gobierno la protección y garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por medio del establecimiento de política públicas efectivas y sostenibles con participación de todos los sectores políticos y sociales, incluyendo la propia población infantil. Pagar la deuda con la Niñez también debe estar presente en el debate electoral.
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