Por Omar Ureña
Es menester emitir una opinión sobre el sistema de justicia nuestro y la lentitud de los procesos judiciales llevados a cabo a ciudadanos que guardan prisión en las diferentes cárceles de esta región Sur, pero básicamente la cárcel pública general Máximo Gómez de Bani, donde se encuentra la mayor población carcelaria de ocoeños privados de libertad.
No buscamos con esta observación de manera alguna beneficiar al que ha cometido un delito, más bien, que se agilicen los procesos y que cada uno de los internos conozca la suerte que han de correr porque el sistema aun es funcional.
He visitado en las últimas dos semanas el Palacio de Justicia a presenciar las audiencias que se llevan a cabo en el Juzgado de Atención Permanente o de Instrucción, y por diversas razones se aplazan las medidas de coerción que se conocen allí.
Ese no es el problema, porque es propio de los tribunales los aplazamientos; donde está la debilidad a la que me refiero, es en el traslado de los internos, que solo existen hasta el momento dos días disponibles para el conocimiento de las medidas coercitivas que son martes y jueves.
Esta situación se da porque no existe transporte para el traslado, viéndose obligada la fiscalía de esta provincia auxiliarse de un minibús de la alcaldía local para tales fines.
En esas atenciones como dirían los abogados, urge que alguien gestione un transporte exclusivo para trasladar a ciudadanos en conflicto con la ley que guardan prisión en Bani y otras cárceles aledañas, o en su defecto otros minibuses donados a instituciones por el gobierno central puedan colaborar y así agilizar que la justicia pueda optimizar su trabajo, para beneficio de las víctimas de los procesos y los mismos imputados tengan acceso real a conocer sus casos.
Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad de que funcionen nuestras instituciones.
Y haréis justicia…
¡Si ombe si!
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