La consigna de un “Ministerio Público Independiente” resonó durante meses en las intervenciones de funcionarios del partido oficialista e incluso en declaraciones del propio presidente de la República. Casos como la Operación Calamar ocuparon las primeras planas de los medios de comunicación y se convirtieron en tema de conversación nacional, incluso entre quienes normalmente no muestran interés por la política.
Sin embargo, la justicia no se sustenta en el mediatismo ni en las acusaciones que se formulan, sino en las pruebas que se presentan. La decisión emitida esta noche, mediante la cual se dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Daniel Guerrero Mena, vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la solidez de los expedientes que fueron presentados ante los tribunales.
Para muchos, esta decisión constituye una muestra de la debilidad de un caso que fue promovido públicamente como contundente. Otros entienden que simplemente se trata de una etapa más del proceso judicial. Lo cierto es que, en un Estado de derecho, las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas suficientes para sostenerse ante los jueces.
Resulta inevitable cuestionarse si el manejo mediático de algunos procesos terminó generando expectativas que luego no pudieron sostenerse en los tribunales. No obstante, cualquier conclusión sobre motivaciones políticas debe estar respaldada por evidencias y no por simples suposiciones.
La justicia exige prudencia. Quienes acusan tienen la responsabilidad de demostrar sus señalamientos, así como quienes son acusados tienen derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Cuando las pruebas no alcanzan para sustentar una imputación, la credibilidad de quienes impulsaron el proceso también queda sometida al escrutinio público.
Al final, una lección permanece vigente: en materia de justicia, lo que no puede probarse difícilmente puede sostenerse.
