SANTO DOMINGO.-La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, escuchó a representantes del gobierno, sectores financiero, ministerio público, Consejo Nacional Dirección Nacional de Drogas en torno al proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas
La pieza legislativa tiene por objeto establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
Además, busca establecer las técnicas especiales de investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional, y medidas cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La iniciativa legislativa tiene la finalidad de establecer el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.
En el artículo 3 la nueva Ley se establece que incurre en la infracción penal de lavado de activos la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes.
En el mismo artículo, se establece que la persona que incurra en la violación a lo establecido será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
La violación de las mencionadas disposiciones será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
Entre los sectores representados en la reunión de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, estuvieron el Banco Central, la Procuraduría General de la República, Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos Comerciales, Dirección Nacional de Control de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas; así como el Viceministerio de Políticas de Desarrollo de la Presidencia de la República.
La reunión estuvo encabezada por el senador Adriano Sánchez Roa; presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara Alta y participaron los representantes de la provincia San José de Ocoa; Pedro Alegría, Tommy Galán, provincia San Cristóbal; Arístides Victoria Yeb, provincia María Trinidad Sánchez; Manuel Antonio Paula, provincia Bahoruco; Félix María Vásquez, provincia Sánchez Ramírez y Charles Mariotti, provincia Monte Plata
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