Resulta difícil de entender —y aún más de justificar— que se realicen trabajos de asfaltado en una vía intervenida por el proyecto del acueducto dual Ocoa–Sabana Larga sin haber completado previamente las pruebas de fugas correspondientes.
Esta situación no solo evidencia una preocupante falta de planificación y coordinación entre las instituciones responsables, sino que además representa un uso ineficiente de los recursos públicos. ¿Cómo se explica que se invierta en asfalto para luego tener que romperlo por fallas detectadas posteriormente en el sistema de tuberías?
Las consecuencias son evidentes: pérdidas millonarias, retrasos en la obra, molestias a la ciudadanía y una creciente desconfianza en la gestión de los proyectos públicos. No se trata únicamente de un error técnico, sino de una cadena de decisiones que reflejan debilidades en la supervisión y ejecución.
En proyectos de esta magnitud, las pruebas hidráulicas no son un paso opcional, sino una fase esencial que garantiza la calidad y durabilidad de la obra. Omitirlas —o realizarlas fuera de tiempo— es abrir la puerta a problemas que, como ya se observa, terminan pagando los ciudadanos.
La pregunta sigue en el aire: ¿quién asume la responsabilidad por estos errores? Más allá de señalar culpables, lo urgente es corregir prácticas que no pueden seguir repitiéndose. La transparencia, la rendición de cuentas y la planificación adecuada deben ser pilares fundamentales en cada proyecto de infraestructura.
La provincia de San José de Ocoa merece obras bien ejecutadas, no parches improvisados. Porque cuando se trata de recursos públicos, cada error cuesta… y lo paga el pueblo.
