Escrito Por: Roberto Yoel Henriquez
La libertad de expresión comprende una doble dimensión: individual y colectiva. La primera implica la facultad de expresar ideas, pensamientos y palabras por cualquier medio, incluso cuando sean feroces, frontales o incómodas. La segunda comprende el derecho a recibir y buscar pensamientos, palabras e ideas de otros. Esta dimensión supone, además, el derecho a disentir, a no estar de acuerdo con lo expresado y a manifestar las razones de ese desacuerdo. Porque expresarse no es únicamente hablar; también es poder escuchar, cuestionar y responder.
Es, en esencia, uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. No hay democracia plena sin ella, porque constituye uno de los principales vehículos de las libertades públicas e informativas y, al mismo tiempo, una herramienta indispensable para la transparencia y el escrutinio de quienes ejercen el poder público. Allí donde las ideas pueden circular, confrontarse y ser sometidas al juicio de los demás, la democracia encuentra un espacio para desarrollarse.
Hoy vivimos en una sociedad donde los medios para difundir palabras, ideas y pensamientos están al alcance de casi todos. La información circula con una velocidad que hace apenas unas décadas habría parecido inimaginable. Como ha señalado Timothy Garton Ash en Libertad de palabra, ya no vivimos simplemente en una aldea global, sino en una comunidad global en la que, sin importar las distancias ni las barreras, el otro se ha convertido prácticamente en el vecino de al lado. Una palabra pronunciada en un lugar puede ser escuchada, compartida, cuestionada o respondida en cualquier otro en cuestión de segundos.
En medio de este desarrollo de la comunicación y de las libertades informativas, este derecho enfrenta un desafío: encontrar el equilibrio entre la protección de la palabra y los derechos de los demás. Porque hay libertad de expresión, pero no una libertad de difamación; hay libertad de crítica, pero no una licencia para desconocer la dignidad ajena. No se trata de una categoría absoluta: encuentra límites allí donde comienzan determinados derechos inherentes a los demás, entre ellos la honra, el honor y la dignidad. El verdadero desafío consiste en discutir quién establece esos límites, hasta dónde pueden llegar y cuándo, bajo el argumento de proteger un derecho, terminamos restringiendo otro.
Por eso necesitamos hablar de ella. Debatirla, conocerla, cuestionarla y defenderla. Este derecho no debería aparecer en el debate público únicamente cuando alguien es querellado, demandado, censurado o sancionado, ni cuando un proyecto de ley amenaza con reducir sus espacios. Debe formar parte de la cultura de una sociedad democrática: estar en las aulas, en los tribunales, en los medios de comunicación, en las universidades y en las conversaciones de los ciudadanos. Porque una sociedad que no conversa sobre ella difícilmente podrá reconocer cuándo está siendo limitada, abusada o censurada. Hablar de la palabra y de sus límites no es un ejercicio reservado a juristas o periodistas: es una conversación que nos pertenece a todos.
El autor es defensor público del Distrito Nacional, posee experiencia laboral en Medios de comunicación.
