Por Yudelis Mendez
El costo del cambio: Los pobres en asfixia, la clase media en caída libre, lo servicios públicos en quiebra y sin red de seguridad.
Es común que los gobiernos proclamen con orgullo tasas positivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el control de la inflación o el aumento de la inversión extranjera. Sin embargo, el PIB mide el volumen de actividad económica, no su distribución.
Cuando el crecimiento se concentra en sectores de capital intensivo o de alta especulación, como el sector financiero, inmobiliario de lujo o industrias extractivas, la riqueza se acumula en el percentil (una medida estadística que divide un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales) más alto de la población.
El «efecto derrame» o goteo económico no ocurre de forma espontánea; sin políticas de redistribución fiscal progresiva, el crecimiento macroeconómico se traduce simplemente en una mayor opulencia para los ricos y un estancamiento para el resto.
Para los sectores más vulnerables, la economía no se mide en Wall Street o en los informes del Banco Central, sino en el día a día. La narrativa oficial de prosperidad choca con una realidad de servicios públicos deficientes o en deterioro.
Salud y Educación: Hospitales desabastecidos de insumos básicos y escuelas públicas con infraestructuras precarias perpetúan el ciclo de la pobreza. Quien nace en un entorno vulnerable depende exclusivamente de un Estado que le falla en sus necesidades más básicas.
Seguridad y Transporte: La falta de transporte público eficiente y el aumento de la inseguridad afectan desproporcionadamente a los trabajadores de menores ingresos, quienes pierden horas de productividad y calidad de vida en traslados inseguros.
Cuando el gasto social se ejecuta de manera ineficiente o se prioriza el pago de deuda y la austeridad por encima de la inversión social, el gobierno retira la red de seguridad de los más pobres, hundiéndolos más en la precariedad.
La clase media en descenso
La clase media vive un fenómeno de asfixia y precarización. Al no ser «lo suficientemente pobre» para calificar en los programas de subsidios del gobierno, ni «lo suficientemente rica» para absorber los choques económicos sin impacto, este sector desciende rápidamente en la escala social debido a un factor clave: el costo de sustitución.
La trampa de la privatización: Ante la insatisfacción de los servicios públicos, la clase media se ve obligada a pagar por servicios privados para mantener una calidad de vida digna.
Paga impuestos por seguridad, pero debe pagar seguridad privada o vivir en residenciales cerrados.
Paga impuestos por salud, pero debe financiar seguros médicos privados y copagos altísimos.
Paga impuestos por educación, pero matricula a sus hijos en colegios privados para garantizarles un futuro competitivo.
Este doble gasto actúa como un impuesto invisible que devora la capacidad de ahorro y consumo de la clase media, empujándola gradualmente hacia la vulnerabilidad.
¿Por qué la gente no ve resultados del «cambio prometido»?
La desconexión entre el palabreo gubernamental del «cambio» y la percepción ciudadana se fundamenta en tres factores muy críticos.
La inflación de las expectativas frente a la lentitud burocrática
Las campañas políticas suelen prometer transformaciones estructurales rápidas. Una vez en el poder, los gobiernos se topan con la burocracia, la rigidez presupuestaria y los compromisos políticos.
La velocidad del «cambio» institucional es infinitamente más lenta que la urgencia de las necesidades de la gente, generando una profunda frustración y la sensación de que las promesas fueron solo retórica electoral.
El encarecimiento del costo de la vida (Inflación real vs. Inflación oficial).
Aunque el gobierno presente cifras de inflación controlada, la canasta básica familiar, la energía eléctrica, los combustibles y la vivienda suelen subir a un ritmo muy superior al de los salarios. Para el ciudadano de a pie, el dinero rinde menos cada mes.
Si los salarios nominales se mantienen estables pero los precios suben, la población experimenta una pérdida real de su poder adquisitivo, lo que anula cualquier percepción de mejora o «cambio».
La persistencia de las redes de privilegios
El escepticismo de la población se profundiza cuando observa que, a pesar del cambio de banderas o discursos, las estructuras de privilegios, la evasión fiscal de las grandes corporaciones y la falta de consecuencias para la corrupción de alto nivel se mantienen intactas.
Si la población percibe que las reglas del juego siguen favoreciendo a los mismos sectores de siempre a expensas del sacrificio ciudadano, la promesa de cambio se convierte, a los ojos del pueblo, en una simulación.
La ampliación de la brecha social es el resultado de gobernar para los indicadores macroeconómicos y no para el bienestar de las personas.
Mientras el éxito de una gestión se siga midiendo por el crecimiento del PIB y no por el acceso equitativo a servicios públicos de calidad, el «cambio prometido» seguirá siendo un concepto abstracto e invisible para la mayoría de la población
