Es entendible que luego del proceso electoral del pasado 19 de mayo, en el que el partido oficial logró una mayoría más que considerable, muchos se encuentren preocupados -y en ese grupo me incluyo- y con el temor de que esa mayoría sea usada por el oficialismo para apabullar y aplastar a la oposición, hoy en franca minoría en el Congreso Nacional. Es natural esa preocupación precisamente porque ese ha sido el accionar y el comportamiento más usual que se ha producido en dicha sede democrática cuando un partido ha tenido una mayoría importante.
Si bien esa preocupación es más que válida, habida cuenta de que podría estar en riesgo el equilibrio democrático que debe primar y que ese Poder del Estado no juegue su rol de contrapeso, resulta de mucha importancia tener presente que en el sistema democrático las minorías también cuentan; así ha sido concedido desde la antigüedad y que a partir de la configuración del Estado democrático la regla de mayoría no es vista como una simple valoración numérica para precisamente pasar a constituirse en un “principio dual de protección, como lo es el de mayoría y minoría”.
Claro está, se requiere de la madurez necesaria y del entendimiento apropiado del rol de contrapeso que representa el Congreso Nacional en el sistema democrático, para que lejos de pretender imponer toda iniciativa legislativa sobre la base de la mayoría numérica que se tenga, se procure en todo momento el consenso, pues es lo más sano no sólo para la democracia en sí misma, sino incluso para el propio partido que ostente esa mayoría. En todo caso ha de estar consciente cada legislador de que debe actuar siempre apegado a los intereses del pueblo que lo eligió y que delegó en él su representación, sin ser jamás sello gomígrafo de ningún otro Poder del Estado ni de ningún sector, como tampoco obstáculo obstinado sólo por no pertenecer al partido que ostenta la mayoría.
Es más, si bien puede afirmarse que, al menos en las democracias liberales, la regla de la mayoría es el objetivo primordial y más reivindicado, eso no implica en modo alguno el desconocimiento de las minorías, al punto que “en la actualidad se vienen estableciendo reglas para la toma de decisiones, en las cuales las minorías sean tomadas en cuenta”, y esto así bajo el prisma de que “si bien la máxima más estereotipada es que la voluntad de los que son más debe prevalecer sobre los que son menos, no es una cuestión de simple aritmética electoral”.
Sabido es que el Congreso Nacional tiene sus reglas impuestas por mandato de la propia Constitución, y en lo que respecta al procedimiento establecido para la aprobación de los proyectos que son conocidos, en el caso de las leyes orgánicas “para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”, y cuando se trate de leyes ordinarias requerirán “para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de cada cámara”, por el hecho de tener para ambos casos los votos suficientes, esto no puede pasar pura y simplemente sin la debida ponderación, pues siempre deberán tenerse como norte los intereses sacrosantos del pueblo dominicano.
Debe tenerse presente, sobre todo desde el litoral de quienes ostentan y ostentarán a partir de agosto una mayoría si se quiere abrumadora, que “la democracia sólo funciona óptimamente cuando todos los integrantes o actores políticos de una sociedad consideran que forman parte de ella y que se garantizaran sus derechos”. Robustecer el sistema democrático sí ha de ser siempre un objetivo plausible y sólo es posible lograrlo teniendo una visión plural en la que por encima de las representaciones numéricas que se tengan, todos sean respetados en tanto son representantes del pueblo que los eligió. Es de suma importancia que se procure y se logre, hasta donde sea posible, el equilibrio apropiado donde mayorías y minorías participen y ejerzan el poder que le ha sido delegado.
Esas mismas reglas deben operar para las minorías, que de igual manera deben sopesar cada iniciativa pensando en el país y en sus electores, no en intereses particulares y de grupos, puesto que tampoco es elegante ni sano para la democracia ni para los propios partidos de esas minorías convertirse en un valladar para tratar de bloquear y en este caso de desacreditar toda iniciativa legislativa sólo porque provenga de un litoral diferente al suyo.
La visión de mayorías y minorías no debe ser la de apoyar a ciegas u oponerse a todo sólo tomando en cuenta la procedencia de la iniciativa de que se trate, esto así porque una vez electos los legisladores se deben a su país, pues en una democracia representativa como la nuestra ese poder que se tiene le ha sido delegado por el pueblo a través del proceso electoral.
No por casualidad el artículo 4 de la Constitución señala que la democracia dominicana es esencialmente representativa, y si bien es cierto que los legisladores (diputados y senadores) “no están ligados por mandato imperativo”, es decir, que “no están sometidos a órdenes de acción precisas por parte de sus electores”, igual deben tener presente que esa delegación del ejercicio del poder que reciben, como lo pauta el artículo 76 de dicho texto supremo, no puede ser visto como un cheque en blanco, como una patente de corso.
Deben estar conscientes en todo momento, de que se deben a sus electores por mandato constitucional, y en ese sentido siempre deben actuar “con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió” y, precisamente por eso, a él “deben rendir cuentas”, como lo exige el artículo 77.4 de la Constitución, además de que “deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”, por mandato expreso del artículo 92 de nuestra Ley Sustantiva.
De manera que tal y como hemos afirmado antes, se requiere de la madurez necesaria y del entendimiento apropiado del rol de contrapeso que representa el Congrego Nacional en el sistema democrático, y que de igual manera resulta de mucha importancia tener presente que en el sistema democrático las minorías también cuentan.
El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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