Por: Fabian Diaz Casado
El próximo domingo 15 de marzo República Dominicana vuelve a las urnas para elegir a las autoridades municipales, luego de un intento frustrados el pasado 16 de febrero. Las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral, JCE, están compelidas a realizar un proceso comicial con transparencia y legitimidad.
Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre las causas que provocaron el aborto electoral antes mencionado que ha sembrado dudas sobre las capacidades de la Junta Central Electoral para organizar elecciones. Conjeturas, especulaciones y desinformación atormentan el imaginario colectivo.
Protestas multitudinarias, cacerolazos, acusaciones y contraacusaciones han marcado la agenda durante un mes. Las organizaciones políticas de oposición acusan al gobierno y a la JCE, pero éstos niegan responsabilidad. Los pedidos de transparencia electoral, sanción para los culpables del boicot y renuncia del Pleno de la JCE matiza el tenso ambiente político que precede las elecciones municipales del 15 de marzo.
Las tensiones suben. Partidos y JCE electoral acuerdan pedir a organizaciones externas como OEA, IFES, UNIORES y otras para que investigue las causas que provocaron las «fallas o errores» en el Sistema Automatizado de Votación. Los resultados de las indagaciones perderá vigencia, ya que las elecciones preceden la entrega de resultados. Esas entidades son acusadas de intervencionistas y cuestionado su historial en procesos similares.
Tras una intensa presión de organizaciones sociales y políticas, se activa una mesa de diálogo político promovidos por el CONEP y otras entidades pertenecientes a los «poderes fácticos». De inmediato aparecen críticas y especulaciones en torno a la iniciativa.
Activan y convocan un diálogo en el Consejo Económico y Social, creado mediante Ley 142-15. Grupos políticos y dirigentes cuestionan la legitimidad del mismo y se niegan a participar. Convocan un diálogo paralelo donde participan jóvenes promotores de las jornadas de protestas y reconocidos opositores al gobierno.
La negativa de agrupaciones como Fuerza del Pueblo y expresidente Dr. Leonel Fernández, presagia el fracaso de las conversaciones. Las críticas del Dr. Fernández llaman la atención, ya que en sus gobiernos propició, el Diálogo Nacional, la Consulta Ciudadana por la Descentralización y la Consulta Ciudadana para la Reforma Constitucional.
De cualquier forma, un diálogo político en medio de una campaña electoral es difícil que prospere y esto se explica por los altos niveles de tensión y polarización políticas entre el gobierno y la oposición. Un diálogo debe producir compromisos y para el caso, el compromiso debe centrarse en el cumplimiento de los marcos normativos y los protocolos electorales.
Consensuar es difícil, pero en escenarios como el que vivimos es casi imposible, a pesar de los pronunciamientos mediáticos de «buena voluntad». El país está a la expectativa y espera que la alta inversión que hace el Estado en el financiamiento a las organizaciones políticas y en el montaje de las elecciones sea recompensado con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Muchos de los dialogantes no reconocen autoridad a la JCE, no respetan normativa electoral ni creen en la institucionalidad democrática. De ahí el presagio pesimista de que los procesos diálogos que desarrollan están condenados al fracaso. El diálogo es necesario pero luce inoportuno, dado los niveles de tensión política generada tras la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero.
En una sociedad donde el liderazgo se considera por encima de la institucionalidad y de las leyes no habrá árbitro válido. Aun así, hay que insistir en la búsqueda de respuesta a lo sucedido en febrero 16 y trabajar para que el 15 de marzo haya elecciones libres, trasparentes y diáfanas.
Es de rigor recordar que la Junta Central Electoral es el ente responsable de organizar, arbitrar y gestionar los procesos electorales en República Dominicana, tal y como manda la Constitución Política y la normativa político-electoral. Cualquier acción contraria o intento de suplantación, pervierte la normativa, debilitada la institucionalidad y corrompe la democracia.
Dicho lo anterior, queda claro que tanto las organizaciones políticas como la Junta Central Electoral tienen la obligación de garantizar un proceso electoral que devuelva la confianza de la gente en las elecciones, el liderazgo político. La JCE es producto de los consensos entre actores políticos y sociales que interactúan en el sistema político, por tanto, el reto es corregir el rumbo.
Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben colocarse del lado de las soluciones y cooperar con la Junta Central Electoral en el montaje de los procesos comiciales. El sistema político y sus actores están inmerso en una aguda crisis de confianza. Apostar al fracaso de las Junta Central Electoral, boicoteando las elecciones del 15 de marzo es un suicidio y ellos lo saben.
Para lograr el éxito esperado por la población dominicana, la Junta y los partidos deben tomar medidas drásticas y firmes para evitar la repetición de hechos que pongan en riesgo los resultados del certamen. El cumplimiento de la normativa los protocolos son electorales ayudará a reducir la desconfianza y minimizar los atentados contra el proceso.
Como los tropezones hacen levantar los pies, es necesario puntualizar algunas sugerencias para evitar que se repitan situaciones que comprometan la calidad, organización y transparencia del proceso comicial del 15 de marzo:
1. Desarme de activistas, simpatizantes y militantes, proclives a perturbar y generar situaciones que alteren el orden establecido en los protocolos instituidos para los procesos comiciales.
2. Responsabilizar al liderazgo local de las organizaciones políticas y a los equipos de campaña de los candidatos del control de la militancia.
3. Impedir, a toda costa, la comisión de delitos electorales especialmente, el reparto de dinero en las terminales de autobuses, compra de votos, chantaje, intimidación o cualquier intento de coartar el derecho al voto.
4. Comprometer al liderazgo político nacional a respetar los resultados electorales y la voluntad popular expresadas en las urnas.
5. Coordinar con las direcciones nacionales de los partidos el control de armas de fuego y de bebidas alcohólicas.
6. Las organizaciones políticas y los candidatos deben facilitar el trabajo de la Policía Electoral en los recintos de votación.
7. Impedir la aglomeración de personas en los centros de votación y/o en sus proximidades para evitar roces entre militantes.
8. Evitar que dirigentes, candidatos, militantes, activistas y simpatizantes perturben el trabajó de los centros de votación.
9. Instruir a los presidentes de mesas electorales para tomar las decisiones que entiendan pertinentes, para garantizar la transparencia del proceso eleccionario, aplicando los protocolos y normativas electorales.
10. La Junta Central Electoral debe aplicar las normativas y protocolos establecidos para los procesos electorales y las organizaciones políticas deben comprometerse a respaldar su trabajo y a reconocer los resultados.
Este decálogo no es exclusivo ni excluyente, pero puede contribuir a la reflexión sobre los compromisos del liderazgo político y la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo. La intención es que las partes involucradas en el proceso comicial den al país las garantías de que la voluntad popular será respetada.
El montaje de las elecciones es un reto para la institucionalidad político electoral que pone a prueba, una vez más, las capacidades gerenciales del liderazgo político y al Pleno de la Junta Central Electoral. La JCE tiene la obligación de hacer cumplir el mandato constitucional de “organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes”.
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