Por Laura Casado Ortiz
La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida. La usamos para trabajar, estudiar, investigar y hasta para resolver cosas tan sencillas como organizar nuestras tareas del día. Y lo cierto es que ha avanzado tan rápido que todavía estamos tratando de entender cómo manejarla y, sobre todo, hasta dónde debemos permitir que llegue.
Hace poco, la República Dominicana dio un paso importante con la aprobación del Decreto 787-26, que establece un Código de Ética para el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos. En pocas palabras, el Gobierno está poniendo reglas para que las instituciones del Estado utilicen esta tecnología de manera responsable.
¿Y qué dice ese decreto? Entre otras cosas, que los ciudadanos deben saber cuándo una decisión administrativa se apoya en inteligencia artificial y que pueden pedir explicaciones o solicitar que una persona revise esa decisión. También establece controles para evitar que esta tecnología afecte derechos fundamentales, prohíbe ciertas prácticas discriminatorias y exige que las instituciones evalúen los riesgos antes de utilizar determinados sistemas.
Incluso establece un plazo de 180 días para que las instituciones públicas se adapten a estas disposiciones. Es decir, ya no se trata simplemente de utilizar inteligencia artificial porque está de moda, sino de hacerlo con reglas y responsabilidades.
Y leyendo esta noticia me surgió una pregunta: ¿qué está pasando con el uso de la inteligencia artificial en nuestras universidades?
Porque seamos sinceros, los estudiantes hacen tareas, ensayos, investigaciones y hasta trabajos de tesis con herramientas como ChatGPT. Y no es que esté mal utilizarlas. El problema comienza cuando el estudiante deja de pensar, analizar o investigar porque una plataforma puede hacerlo por él. No creo que la solución sea prohibir la inteligencia artificial. Sería absurdo darle la espalda a una tecnología que llegó para quedarse. Pero sí necesitamos establecer límites y enseñar a utilizarla correctamente.
Hay que reconocer que el sector educativo está comenzando a moverse. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) participa en el proyecto Erasmus+ Fit4Digital, una iniciativa que busca conocer cómo se está utilizando la tecnología en las instituciones de educación superior.
Como parte de ese proyecto, se enviaron encuestas a las universidades para conocer cómo los directivos, profesores y estudiantes utilizan y perciben la inteligencia artificial. Me parece un buen punto de partida. Antes de establecer reglas, hay que conocer qué está pasando dentro de las aulas.
Ahora bien, el dilema es ¿quién debería regular su uso? Considero que es una responsabilidad compartida. El MESCyT puede establecer orientaciones generales, pero cada universidad debe tener sus propias reglas, adaptadas a su realidad académica.
Y tampoco tenemos que complicarnos demasiado para comenzar. Podemos definir qué usos están permitidos, pedir a los estudiantes que indiquen cuándo utilizaron IA, establecer consecuencias ante el fraude académico, cambiar algunas formas de evaluación, capacitar a los profesores y proteger la información que se comparte en estas plataformas. Son medidas que pueden ayudar a poner orden sin frenar la innovación.
Al final, una universidad no solo entrega títulos. Tiene la responsabilidad de formar personas que sepan pensar, cuestionar, investigar y resolver problemas por sí mismas.
El Estado dominicano ya comenzó a establecer reglas para utilizar la inteligencia artificial. En las universidades también estamos dando los primeros pasos, pero necesitamos avanzar de las encuestas y los diagnósticos a decisiones concretas.
Porque la inteligencia artificial puede escribir un ensayo o desarrollar una tesis, pero ninguna herramienta debería sustituir nuestra capacidad de pensar, analizar y defender nuestras propias ideas.
