Es claro que en los últimos días el tema de los debates electorales ha acaparado la atención en nuestro país; diversas voces se levantan procurando que los mismos se hagan y se sigan celebrando por la importancia que revisten, con lo que particularmente estamos de acuerdo, pues creemos que ciertamente los mismos encierran gran importancia y permiten a los electores la posibilidad de conocer respecto a los diversos candidatos sus puntos de vistas, propuestas, modo de pensar sobre determinados tópicos, entre otros aspectos.
Dentro de esas voces que se levantan en procura de la celebración de los debates electorales, igual existen quienes se decantan porque se consigne de manera obligatoria la celebración de estos debates, señalando incluso que deben establecerse en la propia Constitución y en la ley electoral con carácter obligatorio, con lo que en nuestro caso, sin ánimo de pretender convencer a nadie, no estamos de acuerdo, sin dejar de destacar que los mismos nos resultan interesantes y que ojalá se celebren siempre, pero no comulgamos con la idea de que estos sean establecidos de manera obligatoria.
Lo anterior obedece a que luego de reflexionar sobre el particular nos surge una serie de razones que nos llevan a rechazar la idea de obligatoriedad del debate electoral, habida cuenta de que, de entrada, todo candidato debe tener la libertad de decidir si va o no a determinado escenario de confrontación de sus ideas; serán pues sus estrategias, posicionamiento, fortalezas, debilidades, objetivos, entre otros aspectos, los que al final le deberán indicar la conveniencia o no de asistir a determinado debate electoral.
Más allá de entrar en las consideraciones sobre que los debates aún no son parte esencial de nuestra cultura electoral y que no generan el interés ni producen la incidencia necesaria para variar la correlación de fuerzas y las simpatías electorales, en tanto se trata de un escenario de confrontación, el buen manejo puede ayudar, pero igualmente un desempeño pobre pudiera provocar situaciones adversas para determinada causa electoral, y en consecuencia, cada cual debe tener la libertad de decidir si le es conveniente o no asistir al debate electoral, máxime a días previos de un certamen electoral; indefectiblemente se trata de una arena movediza en la que cualquiera puede terminar hundiéndose.
Los diferentes candidatos a terciar en determinado proceso electoral deben tener la libertad de analizar, desde el punto de vista estratégico, si ese debate es su escenario. El hecho de que alguien no sepa o no desee debatir y exponer sus ideas en un escenario de confrontación pública no implica que no pueda ser un buen administrador, y el hecho de que se hable bien y se sepa debatir no implica a su vez, necesariamente, que se sea un buen administrador desde el cargo perseguido en el proceso electoral de que se trate.
Si bien para determinado candidato el escenario del debate puede resultar atractivo y hasta conveniente desde el punto de vista electoral, puede que para otro sea todo lo contrario y por tanto no puede ser obligado a asistir a un escenario al que sabe que no es su fuerte, y por tanto, todo candidato debe tener la oportunidad de declinar la invitación al debate, pues de hecho, puede darse el caso de que a un propio candidato, el debate que no le convenga hoy puede serle favorable mañana, y por tanto en cada caso debe tener la libertad de decidir si asiste o no al escenario de confrontación al que ha sido convocado; no debe ser obligatoria su participación.
Todos sabemos que hay personas que tienen miedo escénico y eso no implica que no puedan ser buenos administradores de la cosa pública en caso de lograr la posición a la que aspiran, en tanto que otros, por el hecho de tener buen manejo, no implica necesariamente que sean buenos administradores una vez llegados al cargo que buscan. Una cosa es el arte del bien hablar y otro es el arte del bien administrar, que como sabemos no están necesariamente unidos de manera directa.
Pero además, ¿cuáles acciones podrían tomarse en contra de quienes se nieguen a participar en un debate electoral… acaso anular su candidatura?, es obvio que esto resultaría en un exceso, pues hasta en el proceso penal al procesado le está reservado su derecho de declarar o de no hacerlo, y con mucho menos razón se podría obligar a un candidato a que asista a un debate electoral o inhabilitarlo por no asistir.
Es que, si para ser candidato o candidata hay que ser necesariamente un buen expositor y tener un excelente manejo del debate, entonces habría que decir que todo aspirante debe ser en cierto modo un intelectual y sabemos que no todo el mundo lo es y el no serlo no puede ser una limitante para aspirar a una posición electiva.
El posible elector que tenga como condición que el candidato de su preferencia tenga que someterse a debate puede a su vez retirarle su apoyo en caso de este no asistir al mismo, y estaría en todo su derecho, pero de ahí a obligar al candidato a participar en el debate nos parece un exceso que no debería plantearse. Todos deben convocarse y cada cual decidir si participa o no, de acuerdo a su conveniencia.
Pero además, las preguntas que responda el candidato en el debate de que se trate pueda que no necesariamente sea su parecer sobre el tópico en cuestión; su respuesta puede obedecer a la conveniencia desde el punto de vista electoral, a su concepción en ese momento sobre el tema propuesto y hasta a la posibilidad de poder quedar bien en medio de la confrontación pública en que participa, entre otros aspectos, lo que a su vez nos dice que pueda que posteriormente, desde la posición lograda, el accionar sea contrario a lo expresado en el debate.
De manera que entendemos que de cara a un proceso electoral todo el que aspire a una posición electiva debe explotar su fuerte y es claro que si alguien entiende que la exposición pública, el debate y la confrontación no es su fortaleza, puede decidir no asistir a un escenario donde sabe que no lleva las de ganar y que más bien podría terminar perjudicado en términos electorales.
Claro está, y lo reiteramos, en el caso nuestro estamos plenamente de acuerdo con el debate y entendemos, incluso, que cada elector debería exigirlo a su candidato, pero de ahí a obligar a quien persiga una posición electiva a participar de un debate electoral no nos parece una práctica correcta desde el punto de vista de la libertad que debe tener cada cual para decidir lo que estratégicamente le parezca más favorable. Sabemos que es más pacífica la posición de inclinarse a favor de la obligatoriedad del debate, pero en nuestro caso no compartimos ese criterio, aunque obviamente respetamos a quienes piensen diferente.
En fin, varias son las razones que nos llevan a oponernos al establecimiento del debate de manera obligatoria, amén de la candidatura de que se trate; más bien simpatizamos con la exposición pública del programa de gobierno, aunque no sea obligatoriamente el candidato quien lo exponga, que obviamente es lo que más se estila, y, sobre todo, nos inclinamos por el establecimiento de pautas de exigibilidad para su ejecución y sanciones ante el incumplimiento injustificado de lo planteado como oferta electoral en el programa de gobierno.
El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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