SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, a 20 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 400 salarios mínimos. Los tres fueron hallados culpables de formar parte de la red de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G, consideradas entre los mayores casos de corrupción investigados en los últimos años en la República Dominicana.
También fueron condenados el general Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la pastora”, quienes recibieron penas de 15 años de prisión. Además de cumplir condena, ambos deberán pagar importantes multas al Estado dominicano. Estas sentencias forman parte de una decisión judicial que busca sancionar a los responsables del uso indebido de recursos públicos.
Tras conocerse el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho calificó la sentencia como histórica y resaltó que representa una gran victoria para el Ministerio Público. Según explicó, el tribunal condenó a 29 personas vinculadas a la estructura criminal y reconoció la solidez de las pruebas presentadas durante la investigación. Camacho afirmó que la decisión fortalece la lucha contra la impunidad y envía un mensaje claro sobre las consecuencias de los actos de corrupción.
El proceso judicial involucró a 36 imputados, entre ellos 26 personas físicas y 10 empresas. El juicio comenzó el 27 de junio de 2024 y se extendió durante casi dos años debido a la gran cantidad de pruebas y testimonios analizados. La sentencia fue emitida por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes dirigieron el proceso hasta la lectura del dispositivo final.
Además de los principales acusados, varios militares, policías y civiles recibieron condenas que van desde los 3 hasta los 10 años de prisión. Entre ellos se encuentran empleados bancarios, oficiales de distintos rangos y personas relacionadas con el manejo de fondos y bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Asimismo, la mayoría de los condenados deberá pagar multas económicas como parte de las sanciones impuestas.
El tribunal también ordenó la disolución de varias empresas que fueron utilizadas para ocultar, administrar o movilizar recursos provenientes de la corrupción. Estas compañías, además de ser cerradas, deberán pagar multas equivalentes a 200 salarios mínimos. La medida busca evitar que continúen operando estructuras utilizadas para beneficiar económicamente a los integrantes de la red.
Por otro lado, algunos acusados fueron absueltos por falta de pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal. Entre ellos figuran varias personas físicas y una entidad religiosa. Asimismo, las juezas rechazaron la solicitud presentada por las defensas para que se declarara extinguida la acción penal, argumentando que el proceso se desarrolló dentro de los plazos establecidos y sin retrasos injustificados.
Según estableció el tribunal, la organización operó entre los años 2012 y 2020 desviando fondos públicos pertenecientes al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Con el dinero sustraído se adquirieron propiedades, empresas y otros bienes, además de intentar expandir el esquema a instituciones como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). La sentencia concluye que las pruebas demostraron la existencia de una estructura organizada que afectó significativamente los recursos del Estado dominicano.
