A continuación les dejamos de manera íntegra la entrevista que le realizo la revista “Justice Trens” al Ocoeño Roberto Santana, politólogo, profesor emérito y experto penitenciario, considerado un pionero y líder de la reforma penitenciaria en América Latina y el Caribe.
“Justice Trends” es una revista impresa y en línea que cubre las mejores prácticas contemporáneas en el campo de las correcciones y los últimos avances en la ejecución de la justicia en todo el mundo.
Justice Trends: ¿Qué es la Academia Regional penitenciaria, ¿cómo surgió la idea y cuál es el trabajo que esta organización está produciendo?
Roberto Santana: La Academia Regional Penitenciaria (ARP) es el resultado de las necesidades identificadas en los intercambios de experiencias penitenciarias entre los países de la región latinoamericana
y caribeña, y, en alguna medida, entre la región y el resto del mundo. Una parte de la inteligencia que se mueve alrededor del tema penitenciario, en esta zona, procede de destinos continentales como Europa – de manera predominante España, Portugal, Reino Unido, Suecia y Francia – entonces, a raíz de esa dinámica, y de los resultados positivos del proceso de reforma penitenciaria dominicana, se fue estableciendo un intercambio fluido de experiencias, tanto a nivel regional como global. Esto colocó a República Dominicana, desde el año 2008, en una situación de sobredemanda, es decir, que el modelo penitenciario incluyendo la oficina que lo coordina y la escuela de penitenciaría dominicana, han tenido que desarrollar una cantidad de programas, proyectos y actividades de intercambio con los países de la región, – y pienso que estuvieron un poco desbordados – tanto por los problemas penitenciarios en la región, como también por las limitaciones propias para dar apoyo simultáneo a los países solicitantes.
Un proceso de reforma consume una cantidad no ordinaria de energía, en talento humano y disponibilidad institucional, o sea que impulsar la reforma local y adicionalmente, y con los mismos recursos, impulsar la reforma en otros países no era sostenible. Y como conocemos que en la región latinoamericana, prácticamente sin excepción, los problemas penitenciarios son estructurales en muchos casos son graves y en otros casos tenemos sistemas penitenciarios colapsados – realmente esto obligó a buscar, más allá de los medios de la República Dominicana, otros medios adicionales para apoyar a los países, tomando como un referente la experiencia positiva de la República Dominicana, país social y económicamente parecido a una parte significativa de los países de la región. Es decir, no se trató de “importar un modelo”.
La primera iniciativa, en ese sentido, vino de parte de Naciones Unidas. En Viena, en el año 2010, aprobaron la creación del Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciaria para la región, tomando como base la experiencia dominicana. Esto ocurrió luego de visitas de la ONU durante varios años, observando el proceso de la reforma penitenciaria dominicana. Como tantos otros programas de organismos internacionales o proyectos que se sustentan en unos patrocinadores, en unos cooperantes, cuando termina el dinero se acaba el programa y efectivamente, el Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciaria recibió fondos por dos años. Después se ha seguido laborando, pero, estrictamente, solo a partir de Republica Dominicana.
Como una buena parte del apoyo del mismo Centro de Excelencia, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea a la región estaba relacionado con la cualificación del talento humano de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de cada país en materia penitenciaria, un grupo de académicos y funcionarios que había estado en la reforma penitenciaria, junto con algunos de nosotros jubilados universitarios y otros, decidimos articular los procesos de cooperación educativa e institucional creando la ARP como institución al servicio de todos los países de la región, así como para el intercambio del conocimiento penitenciario a nivel global.
Sobre esa base, la Academia Regional Penitenciaria (ARP) ha venido triangulando acuerdos entre países en la cooperación Sur–Sur y también ha involucrado a países de Europa y Norteamérica. Por
ejemplo, en el caso de Guatemala, en la elaboración de la política pública penitenciaria, el cooperante principal fue la Unión Europea e intervinieron República Dominicana y Guatemala; se trianguló la cooperación de esa manera y eso ha permitido que Guatemala, ahora con la cooperación de los Estados Unidos de América, la República Dominicana y la ARP, haya iniciado su reforma penitenciaria, creando su academia de reforma penitenciaria y su primer centro de rehabilitación y reinserción en base a los estándares del nuevo modelo penitenciario.
“En la región latinoamericana los problemas penitenciarios son estructurales y esto obligó a buscar medios adicionales para apoyar a los países, tomando como un referente la experiencia positiva de la República Dominicana.”
Justice Trends: ¿Cómo es que funciona la Academia Regional Penitenciaria y cómo es que se conecta con otras instituciones?
Roberto Santana: La ARP es una institución educativa, no gubernamental, de alcance continental. Para su funcionamiento y el desenvolvimiento de sus programas, tiene una estructura integrada por el Consejo Académico, la Dirección General Ejecutiva, Dirección Académica, Dirección de Investigación, Dirección de Cooperación Internacional e Intercambio Académico y Dirección Administrativa. Cuenta con un banco de personal docente y e investigador.
Para el desarrollo de sus operaciones en los diferentes países, empezando por la República Dominicana, ha suscrito y suscribe convenios de cooperación. Tiene un convenio con la Procuraduría General de la República Dominicana, es decir, un convenio con el gobierno dominicano, para apoyar el proceso de reforma penitenciaria en el país. Y también, de esa manera, el gobierno dominicano apoya a la ARP en el desenvolvimiento de sus actividades, mientras que, por otra parte, el gobierno dominicano y la ARP, unidos, apoyan a terceros países.
La ARP ha suscrito acuerdos de cooperación con entidades educativas, de Derechos Humanos y otras afines con su naturaleza y objetivos, como el Instituto Tecnológico de las Américas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Fundación Mujeres por la Educación, mientras que mantiene relaciones de estrecha colaboración con el ILANUD y con universidades de la región.
Así, por ejemplo, el convenio de cooperación (Honduras – República Dominicana – Academia Regional Penitenciaria) coordina y canaliza el intercambio académico y de fortalecimiento
institucional de ambos países en materia penitenciaria. En este caso, Honduras necesitaba una política pública penitenciaria: se le apoyó y ya la tiene; el diseño de escuela penitenciaria, se diseñó y ya lo tiene. En el caso de otros países también se triangula la cooperación. A veces, apoyando esa triangulación, participan determinados cooperantes, puede ser el caso de un país, de un organismo internacional, o de una Fundación que quiere colaborar con el mejoramiento penitenciario de un país de la región.
Un elemento importante de la conexión con el modelo penitenciario dominicano se refiere al apoyo que ofrece la ARP al programa de especialización implementado desde hace 5 años y que en este momento cursa la 3ª promoción de maestrandos, de especialistas universitarios, en administración penitenciaria, en tratamiento penitenciario y en gestión penitenciaria. Al superar el nivel terciario de la educación o Grado, e involucrar en maestrías al grueso de los funcionarios penitenciarios, estamos entrando en un nivel de cualificación que avala un lugar de liderazgo en el contexto de lo que es la gestión del Estado, ya que no en todas las dependencias del Estado – particularmente en América Latina – los ejecutivos son personas con nivel de especialización y aún menos en el sector penitenciario.
Otra vertiente importante, en la que trabaja la ARP en coordinación con los sistemas penitenciarios de la región, se refiere al Foro Internacional de Expertos Penitenciarios, que reúne cada año a talentos mundiales en materia penitenciaria para abordar temas que la región requiere. En estos años hemos recibido el legado del vasto conocimiento y experiencia de Andrew Coyle, Vivien Stern, Eugenio Zaffaroni, Elías Carranza, Claus Roxin, Elio Gómez Grillo y Kristher Isackson, entre otros. Este año, el noveno foro se efectuará en Costa Rica, país que está trabajando en el relanzamiento de su reforma penitenciaria, iniciada con éxito en la década de 1970, siendo pionera en la región latinoamericana.
Hoy requiere de un nuevo impulso y es decisión de la ARP apoyar institucionalmente esa voluntad de Costa Rica.
Por igual, la ARP desarrolla el programa del Aula Penitenciaria Latinoamericana, que reúne tres veces cada año y por videoconferencia a cientos de funcionarios de los sistemas penitenciarios de la región con fines de actualización en cuestiones prioritarias como Derechos Humanos, Formación y Carrera Penitenciaria, Mujer en Prisión, Inserción Socio Laboral y Reincidencia, Crimen Organizado en la Prisión, Corrupción y otros. Con esta animación pedagógica se trata, además, de mantener el tema del mejoramiento penitenciario en la atención pública.
Tanto el Foro Internacional de Expertos Penitenciarios como el Aula Penitenciaria Latinoamericana se realizan, cada año, en el marco de la colaboración entre los países de la región y con el auspicio de cooperantes internacionales.
Justice Trends: Recientemente se ha creado la Escuela Penitenciaria de Guatemala a la cual, además, le han dado el nombre de Escuela Penitenciaria Roberto Santana, como reconocimiento del trabajo que usted ha desarrollado ahí.
¿Nos comenta, brevemente, por favor, cuál ha sido la contribución de la Academia Regional Penitenciaria en este tema y cómo ve este proceso de reforma?
Roberto Santana: Efectivamente, en Guatemala hemos observado una voluntad política en marcha para impulsar la reforma penitenciaria, y la verdad es que la necesita. Aunque es necesaria en todos los países de la región, pero, conociendo la realidad penitenciaria de Guatemala, se puede advertir que es uno de los países que la requiere con mayor urgencia.
Guatemala aprobó, hace dos años, su política pública de reforma penitenciaria en un esfuerzo apoyado por la Unión Europea. Sobre esa base el gobierno ha decidido emprender una reforma profunda, estableciendo un modelo de gestión penitenciaria integrado por una academia para la formación y actualización obligatoria del 100% del personal penitenciario, por nuevos centros de rehabilitación y reinserción para las personas privadas de libertad y un patronato penitenciario de alcance nacional integrado por las organizaciones y líderes de la sociedad no política, con el objetivo de dar apoyo, profundidad y sostenibilidad al proceso de reforma penitenciaria.
Este proceso ha contado, en todos sus componentes, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en Guatemala.
La ARP ha colaborado en la coordinación de todo el proceso de apoyo de la República Dominicana a la reforma penitenciaria guatemalteca, en la definición del modelo penitenciario a seguir, en el diseño de la academia de formación del nuevo modelo, así como en la elaboración de los perfiles y selección del personal penitenciario.
También en el proceso formativo de tres meses para el personal de seguridad y de cuatro semanas para el personal profesional y técnico, para un total de 119 personas que fueron trasladadas desde Guatemala a la Escuela Nacional Penitenciaria de la República Dominicana, donde recibieron su educación penitenciaria. Todo el personal que está operando el proceso de reforma penitenciaria en Guatemala, en este momento, fue formado en la Escuela Nacional Penitenciaria dominicana como un aporte del país anfitrión. En adición a lo anterior, fueron enviados diez expertos en diferentes momentos para acompañar al personal penitenciario de Guatemala en las fases del proceso de implantación del modelo de gestión penitenciaria, mientras que fueron recibidas las autoridades responsables del Ministerio de Gobernación y líderes de la sociedad civil de Guatemala para observar el modelo penitenciario dominicano e intercambiar experiencias.
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