Valle Nuevo, otra vez

 

La protección de los espacios naturales -especialmente los que tienen vocación de ser generadores de agua- es un mandato que los incumbentes del Ministerio de Medio Ambiente reciben cuando asumen el cargo.

 

No se trata de que les guste sembrar aguacates o de que les convenga políticamente no desalojar a nadie. Ese patrimonio natural protegido es de todos los dominicanos, no de un grupo.

 

No es opcional (menos para un ministro) cumplir o no la ley 64-00 ni la resolución 14-06. Ni para otro funcionario ni para un ciudadano, tenga las condiciones que tenga: sea un proyecto agrícola a pleno funcionamiento en la sierra de Bahoruco o en el Parque Jaragua, un conuco en Valle Nuevo o un cultivo en Ocoa.

 

Si se prometió reubicación en Valle Nuevo y no se ha cumplido, debe revisarse. Si los que exigen reubicación no calificaron para recibir esa ayuda, no deben seguir chantajeando. Y si chantajean… la autoridad tiene que ceñirse estrictamente a la ley.

 

Mientras los guardabosques llevan tres y cinco meses sin cobrar las dietas de compensación alimentaria y surgen grupos que amenazan con cultivar de nuevo en Valle Nuevo, hay organizaciones internacionales desplegando programas y fondos para ayudar a salvar ecosistemas en peligro, detener la deforestación que avanza desde Haití o colaborando con el país en la recuperación de barreras coralinas y en la limpieza de ríos y cañadas. Por no hablar de todas las iniciativas del sector privado en la reforestación.

 

Esfuerzos admirables y valiosos que de nada sirven si desde las instituciones oficiales se persiste en políticas titubeantes, se desconocen las decisiones tomadas y se privilegian grupos (muy altos o muy bajos) desconociendo lo que la ley estipula.

 

La pelota está en la cancha del ministro.