Por Alfredo Arias Lara
La reciente destitución del Rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), sociólogo Rafael Féliz García, marca un episodio y una señal gubernamental que merecen ser observados con detenimiento desde la óptica de la ética pública y el ejercicio responsable del poder. El funcionario había sido designado por el propio presidente Luis Abinader, en el marco de una política de confianza y cercanía personal que, como suele ocurrir en la administración pública, apuesta a la probidad de quienes reciben tan importante investidura.
Sin embargo, dicha confianza se vio abruptamente quebrantada tras la denuncia presentada por el programa de investigación periodística de Nuria Piera, en la que se reveló el cobro irregular de un porcentaje del salario a empleados de la institución, supuestamente destinados a fines políticos, muy específicamente para el movimiento político «Jóvenes Unidos por el Cambio «. Una práctica vieja, indelicada y dañina, que la sociedad dominicana ha condenado reiteradamente por representar una forma burda de clientelismo político y abuso de poder.
La reacción presidencial fue tan inmediata como simbólica. Un «buen pique», diría el imaginario popular: el presidente no esperó protocolos extensos ni la comodidad de un decreto elaborado con calma en computadora; lo concluyó incluso de manera manuscrita, dejando claro que, ante hechos de tal gravedad, no hay espacio para dilaciones ni contemplaciones. El mensaje fue directo: con la corrupción administrativa no se negocia.
Más relevante aún resulta que esta destitución ocurra aun existiendo vínculos de amistad entre el Presidente y el Funcionario removido. Eso habla bien, a mi modo de entender, sobretodo cuando las «indelicadezas» administrativas no encuentran complicidad en el poder, y cuando la amistad no se impone sobre el interés público ni sobre los principios que deben regir la función estatal. Algo, más o menos similar a lo ocurrido en SENASA.
Ojalá ese saludable malhumor presidencial desarrolle más ojos y más reflejos, capaces de mirar hacia todos los demás funcionarios del Estado. Y que, cuando sea necesario, se produzcan más «piques» : con destituciones oportunas, suspensiones responsables y, si corresponde, funcionarios puestos a disposición del Ministerio Público, sin excepciones ni privilegios.
La República Dominicana necesita seguir construyendo una cultura política y administrativa basada en la transparencia, la ética pública, la correcta rendición de cuentas y prácticas más firmes contra la corrupción y la impunidad. Cada decisión de este tipo, cuando es coherente y sostenida en el tiempo, contribuye a ese objetivo y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
Señor Presidente: que continúen sus » piques «. No le pare.!
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El autor es Ocoeño, Educador, Abogado y Analista Político.
alfredoariaslara@gmail.com
