Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que elimina las sanciones penales contra los alcaldes que violen el tope de gastos en personal, elevando el límite de un 30 % hasta un 75 % del presupuesto municipal, una decisión que ha generado profunda preocupación en sectores sociales, municipalistas y de la sociedad civil.
La iniciativa fue presentada por el senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, exalcalde de ese municipio, quien justificó la medida asegurando que brindará “flexibilidad” y permitirá una “mejor gestión” de los gobiernos locales. Sin embargo, especialistas advierten que esta reforma debilita los controles, abre espacios a la discrecionalidad y legaliza prácticas que históricamente han sido cuestionadas por favorecer el clientelismo, el nepotismo y el uso político de las nóminas municipales.
Municipios: escuelas de corrupción
Históricamente, los ayuntamientos han sido señalados como espacios donde se gestan las primeras prácticas de tráfico de influencias, “amarres” administrativos y negocios particulares disfrazados de decisiones institucionales. Es en los cabildos donde se aprende que aprobar o no un reglamento puede traducirse en beneficios personales, casi siempre en detrimento de la población.
Un ejemplo reciente es una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que modifica una ordenanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre la altura edificable en la Circunscripción Uno, decisión que impactará directamente la calidad de vida de los residentes, al permitir construcciones de hasta 30 niveles en zonas donde se limitaba a cinco pisos.
Precedentes que alertan
En diciembre pasado, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Romana ordenó a la vicealcaldesa y 13 regidores devolver RD$2,310,000, luego de comprobar que se autoaprobaron un aumento salarial ilegal durante once meses. El tribunal estableció que los funcionarios municipales no pueden legislar para su propio beneficio, una práctica que ahora podría quedar sin consecuencias penales bajo la nueva normativa.
Un retroceso institucional
Con la nueva ley, los alcaldes podrán destinar hasta tres cuartas partes de sus presupuestos a nómina, reduciendo drásticamente los recursos para servicios esenciales como limpieza, asfaltado, iluminación, seguridad, áreas verdes, deportes y programas sociales.
Sectores críticos advierten que la medida representa un grave retroceso en la transparencia municipal, debilitando la fiscalización y poniendo en riesgo la correcta administración de los fondos públicos.
“La flexibilidad administrativa no puede convertirse en una licencia para el despilfarro y el uso político de los recursos del pueblo”, advirtieron organizaciones municipalistas.
La aprobación de esta iniciativa reabre el debate sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, sanción y rendición de cuentas en los gobiernos locales, en lugar de flexibilizarlos.
