Sin el más mínimo interés ni pretensión de discurrir sobre temas que no manejamos del todo y a sabiendas de la expresión que reza que “zapatero a sus zapatos”, me dispongo y arriesgo a abordar el espinoso tema de la zarandeada “reforma fiscal”; obviamente, abordada desde la óptica de la necesidad de legitimación que debe y más bien que tiene que tener quien se proponga llevarla a cabo.
El origen de la citada expresión que hasta donde conocemos se remonta al siglo I ante las críticas que hiciera una persona dedicada al noble oficio a una pintura del gran Apeles “el más ilustre de los pintores griegos”, tras mofarse de la anchura de una sandalia en un retrato de cuerpo entero, crítica ante la cual Apeles que observaba procedió a corregir, pero que al volver el zapatero sobre otros aspectos a criticar la obra, el autor le manifestó: “Ne sutor ultra crepidam”, que en su traducción del latín viene siendo “zapatero a sus zapatos”, o “zapatero, no más allá del zapato” o “no coser más allá de la grieta”, sé que corro el riesgo de igualmente ser blanco de la referida “recomendación”.
Pues bien, es claro que cuando se habla de reforma fiscal o reforma tributaria se pretende modificar “la estructura de uno o varios impuestos o del sistema tributario, con el fin de mejorar su funcionamiento para la consecución de sus objetivos”, como creemos igualmente claro, tal y como destacan algunos expertos en la materia, que “una reforma tributaria integral podría ayudar al país a aumentar los ingresos y obtener la calificación de grado de inversión”; eso es innegable.
Igualmente se destaca que “cambios en la tributación y otras políticas pueden ayudar a la economía”, pero creemos por igual y firmemente que eso no implica que se pueda disponer de esta sin antes tomar medidas que lleven a quien pretenda acometerlas a legitimarse de cara a la población y a los sectores sobre los cuales recaerá el mayor sacrificio que la reforma indefectible e innegablemente traerá consigo.
Otros enfoquen giran en torno a que “los ingresos tributarios están limitados por el alto nivel de exenciones y un elevado umbral sobre el cual se aplica el impuesto sobre la renta de las personas físicas”, señalando como alternativa que “racionalizar los incentivos y las exenciones fiscales —que conjuntamente suponen alrededor del 5% del PIB o un tercio de todos los ingresos tributarios— también es fundamental a la hora de simplificar el sistema impositivo y reducir la evasión fiscal”; señalamientos que siendo un neófito en la materia creemos atendible y entendible.
Quienes piensan en esa dirección destacan que “un aumento permanente de los ingresos tributarios de por lo menos del 2 por ciento del PIB permitiría un incremento sostenible del gasto público productivo relacionado a la inversión pública y a gastos sociales, lo que a su vez contribuiría a mejorar la productividad y el consumo privado, al tiempo que se reducirían la desigualdad y la pobreza”, pero ya en esa materia es claro que no nos inmiscuiremos porque es tema para los expertos en el área de la que en el caso nuestro ni siquiera somos parte.
Del mismo modo se destaca que con los recursos públicos que se pudieran obtener a través de la reforma se podría crear la posibilidad de “aumentar la inversión pública en infraestructura resiliente a choques climáticos y que pueda mitigar las pérdidas debidas a sucesos relacionados con el cambio climático, que son notables para el país”, entre otras posibilidades de inversión en beneficio de la sociedad en su conjunto, pero igualmente esto es tema para los expertos en la materia.
Sin embargo, de cara a la indicada intención de proyecto de reforma fiscal -y decimos intención de proyecto de reforma porque desconocemos al día de hoy si ha llegado al Congreso Nacional el proyecto propiamente- lo que sí es claro y no se necesita ser un conocedor agudo de estos temas para expresarlo es que no se puede pedir sacrifico a otros sin antes sacrificarnos nosotros.
Colocándonos con la mirada de frente al gobierno central -amén de quien esté al frente del mismo a la hora de someter el referido proyecto- pensamos que una sana sugerencia es que de manera previa se tomen las medidas de austeridad hacia lo interno no sólo del propio gobierno sino del Estado en sentido general; que se revisen las exenciones fiscales, así como todo tipo de privilegio que pueda existir para determinados sectores; reducir al mínimo si es que no es posible eliminarlos en un primer momento, todos los gastos superfluos; sincerar el tema de las exoneraciones; los subsidios y todo cuanto pueda producir ahorro, de tal manera que se esté lo mejor legitimado posible para pedir sacrificios a los demás.
Igualmente debe pasarse la mirada sobre lo que tiene que ver con los gastos en publicidad del gobierno, y si fuere el caso verificar lo relativo a posibles nombramientos poco justificados, la proliferación de asesores, priorizar las inversiones, mejorar la calidad del gasto, sincerar la nómina estatal, entre otras medidas de igual naturaleza.
Esto así porque si nos colocamos en el terreno práctico de una familia, es claro que no pueden los padres tratar de convencer a los integrantes de la misma de que deben asumir grandes sacrificios; dejar de consumir algunos productos por el elevado costo; limitarse en la cantidad, entre otras medidas restrictivas, si a la par ellos como padres disponen de sumas de dinero para lujos, pues es claro que en ese escenario esos padres a los que hacemos alusión no estarían en condiciones de exigir sacrificios mientras ellos se dan la gran vida, además de lo injusto que sería.
Así las cosas, sin ánimo de fijar posición respecto a la procedencia o conveniencia o no de una posible reforma fiscal, lo que sí queremos dejar establecido es que, en caso de que la misma sea finalmente sometida, en todo caso el gobierno esté consciente de la necesidad imperiosa que tiene, no sólo de la reforma en sí misma, sino y sobre todo de la necesidad de legitimación para emprenderla.
El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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