El recién designado encargado policial de San José de Ocoa, el coronel Marcos Antonio Matos Lara, fue acusado y suspendido en el 2018 acusado, junto a otros agentes de haber aceptado un soborno de 250 mil pesos, en un hecho ocurrido en la provincia Peravia en el 2018.
Matos Lara sustituye al coronel coronel Jesús Rafael Tejada Tejada, quien ocupó el cargo desde febrero del 2018.
Para ese entonces el senador Wilton Guerrero había denunciado que en la dotación de la Policía Nacional en esta ciudad operaba lo que calificó como una “mafia” que se dedica a perseguir y acusar a los oficiales honestos, serios y trabajadores en complicidad con otros oficiales a los fines de hacerle daño a su carrera profesional dentro de la institución.
Guerrero dijo que esto ha venido ocurriendo con el coronel Marcos Antonio Matos Lara y otros oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en esta ciudad, quienes son investigados por Asuntos Internos de la institución sobre un supuesto soborno de 250 mil pesos que pagó el padre de un joven vinculado a la muerte de otro joven en un hecho ocurrido el pasado 19 de agosto de este año en el tramo carretero Baní-Paya en horas de la madrugada.
El 13 de octubre del 2018,el coronel, junto a un mayor, dos tenientes, un sargento y un cabo de la Policía fueron suspendidos por la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía, acusados de haber aceptado un soborno de 250 mil pesos que les habría entregado el padre de un joven acusado de la muerte de un menor de 15 años en Baní el pasado agosto.
Los oficiales que investiga Asuntos Internos son el coronel Marco Antonio Matos Lara, el mayor Carlos Alberto Céspedes Moreta, el primer teniente Efrén Avelino Andújar Castillo y el segundo teniente Santo Carvajal Guzmán; asimismo el sargento mayor Santo Suárez Martínez, y el cabo Julio César Ibert Montero, acusados de aceptar un supuesto sobornos y de encubrir delitos y crímenes cometidos por una banda que operaba en el sector Mata Gorda de Paya, Baní.
Los seis prestaban servicio en la subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), en la sede de la dirección regional Sur Central de Baní.
La investigación surgió tras la denuncia de Julissa Martínez Peguero, madre de Roylan Martínez, de 15 años, fallecido la madrugada del 19 de agosto, quien aseguró que el grupo de agentes recibió el dinero de parte de Israel Cruz Soto, padre de Ismael Cruz, para que no apresaran a su hijo, a quien sacó del país hacia los Estados Unidos.
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