
“Proclamamos nuestro compromiso ciudadano, indetenible, de mantenernos activos, de pie y en lucha hasta conseguir que los congresistas, funcionarios, expresidentes, empresarios y demás responsables de gestiones, y de beneficiarse de los contratos dominicanos con la mafiosa multinacional Odebrecht y su socios locales, sean debidamente procesados y condenados, comenzando por el presidente Danilo Medina, cliente y beneficiario electoral del delincuente internacional Joao Santana”, subraya la proclama.
El colectivo señaló que asume un “compromiso ciudadano inquebrantable” de consensuar e impulsar con los más diversos sectores las reformas estructurales indispensables para eliminar la corrupción política y a sus aliados económicos, empresariales y militares de las instituciones y de todos los ámbitos de la vida en común del pueblo dominicano”.
Al cierre de la Marcha del Millón, el movimiento expresó que ante el “mar de pueblo” que participó del recorrido por el fin de la impunidad, los activistas asumieron el compromiso de mantenerse de pie y en lucha hasta que “congresistas, funcionarios, ex presidentes, empresarios y demás responsables” sean procesados en la justicia.
“Proclamamos nuestro compromiso ciudadano permanente de mantenernos de pie, en lucha articulada con las más diversos y legítimos reclamos populares del territorio nacional y la diáspora, hasta alcanzar el fin del actual régimen de corrupción e impunidad y sentar las bases de una República Dominicana con justicia, dignidad y prosperidad para todos y todas”, destacó Marcha Verde en su proclama oficial que fue leído por representantes de diferentes organizaciones.
Señalaron que el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y a la cúpula del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son “los principales artífices y responsables” en la actualidad del régimen de corrupción.
El documento expresa que Medina, Fernández y la cúpula del PLD controlan de manera antidemocrática las instituciones de persecución del delito, las altas cortes e importantes medios de comunicación del país, para evitar que se haga justicia en el caso Odebrecht y en otros.
En ese orden, consideraron que el jefe de Estado debe ser sometido a un juicio político, y a una investigación penal independiente que garantice sanciones ejemplares.
El colectivo también recordó que por más de un año y ocho meses, y utilizando las más diversas y esperanzadoras formas de participación cívica, pacífica y familiar, el movimiento ha ejercido sus derechos y cumplido con su deber cívico movilizándose en todo el territorio nacional y la diáspora.
Expresa la proclama que en esas manifestaciones, han denunciado los agravios de lo que calificaron como actual régimen de corrupción e impunidad, y exigiendo sanciones contra los que delinquen en esta administración.
Puntualizaron que frente a sus reclamos realizados desde el surgimiento del movimiento Marcha Verde, desde el Gobierno solo han surgido silencios cómplices; “la farsa mediática montada por el Ministerio Público en el caso Odebrecht; y maquinaciones para proteger y garantizar la impunidad”.
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