El 25 de marzo del año en curso El diputado perremeísta Jesús Ogando presentó un proyecto de ley orgánica de Función Pública con esto persigue modificar la normativa existente para que, entre otras cosas, el 50 por ciento de los empleados públicos sean de carrera y el resto, sean de reservas para que los funcionarios puedan cubrir esas vacantes con personal que esté desempeñando la misma función durante años. Abordando sobre las razones el diputado expresa: “una retranca que ata de pies y manos a los incumbentes de las diferentes dependencias del Estado en cuanto al manejo del personal”.
Modificar la Ley 41-08, para reducir el personal de carrera significaría un retroceso en los avances que ha alcanzado el país en materia de profesionalización de la Administración Pública. La meritocracia para el acceso a cargos públicos y la permanencia en los mismos son tan importantes para la estabilidad de una nación, que por primera vez en la historia de nuestro país se incluyó esos aspectos en la Constitución de la República del 2010, lo que ubicó al país a nivel de países desarrollados que desde hace muchos años tienen la Carrera Civil o la Carrera Administrativa implementada.
No se aprobará esa modificación a la Ley 41-08, porque sería un acto inconstitucional, pues la misma Constitución de la República establece en su artículo 142, sobre Función Pública, que “el Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones”.
Igualmente, el artículo 145 de la Constitución, sobre la Protección de la Función Pública, establece que “la separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”.
Es una pena que diputados, que entre sus funciones tienen la responsabilidad de fiscalizar (velar porque se cumpla lo que dicen las leyes), estén haciendo esfuerzos por incumplir con las normas, adversando incluso la Carta Magna, en un seguro intento fallido de querer poner a los “compañeritos” en cargos técnicos que sustentan el accionar de la Administración Pública, aun cuando los “compañeritos” no necesariamente cumplan con los méritos profesionales requeridos. Esta es una muestra más de que muchos de los que se “enganchan” a la política para ser legisladores no saben ni siquiera cuál es su rol y reflejan desconocimiento de las leyes que rigen el país.
Este afán de diputados querer disminuir la cantidad de empleados tipificados de Carrera Administrativa obedece a las presiones que están recibiendo de los miles de militantes del PRM que apoyaron al partido de Gobierno. Si bien es cierto que todo trabajo debe tener su recompensa, no menos cierto es que es una pena que una parte considerable de nuestra sociedad ejerza su derecho al voto sólo una negociación de la cual espera un pago y que tiene que ser incorporado a una institución pública, y no hacen un ejercicio de ciudadanía responsable al votar de manera consciente. Por otra parta, esto obedece a las promesas en campañas hechas, ofreciendo puestos en instituciones públicas. Su desconocimiento de la ley de Función Pública y el no tener como cumplir la palabra dada, ven mejor salida la modificación de una de las leyes más completas de nuestra constitución.
Es necesario que muchos dominicanos dejen de ver el Estado como la única fuente de empleo, que cambien la cultura de tener un Estado patriarcal, y que entiendan que hay otras buenas formas de conseguir empleo, que existen las empresas privadas, que reclutan personal calificado y que existen políticas de fomento al emprendedurismo, que pueden crear su propio negocio, formal o informal y ganarse el sustento propio y de sus familias, al tiempo que contribuyen con el dinamismo de la economía.
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