En República Dominicana, la administración de justicia ha sido históricamente un tema de debate y crítica. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos es la aparente dualidad en el tratamiento de los casos que involucran a extranjeros frente a aquellos que afectan a ciudadanos dominicanos. Mientras que los procesos judiciales relacionados con extranjeros suelen resolverse con notable celeridad, los casos que involucran a nacionales se caracterizan por la lentitud, la burocracia y, en muchos casos, la inequidad.
Rapidez para extranjeros: ¿Prioridad o excepción?
En los últimos años, se han reportado numerosos casos en los que las autoridades judiciales dominicanas han actuado con una rapidez inusual cuando se trata de resolver asuntos que involucran a extranjeros. Esto es particularmente evidente en casos de delitos menores, disputas comerciales o conflictos migratorios. Por ejemplo, en situaciones donde un extranjero es acusado de un delito, las investigaciones suelen avanzar a un ritmo acelerado, y los procesos judiciales se resuelven en plazos que contrastan significativamente con los tiempos habituales del sistema judicial dominicano.
Esta rapidez ha llevado a algunos a especular que existe una presión política o diplomática para resolver estos casos de manera expedita, especialmente cuando los implicados son ciudadanos de países con los que República Dominicana mantiene relaciones económicas o políticas estratégicas. Sin embargo, también hay quienes argumentan que esta eficiencia podría ser el resultado de una mayor atención mediática o de la intervención de embajadas y organismos internacionales.
Lentitud e inequidad para los nacionales: Un sistema colapsado
En contraste, los ciudadanos dominicanos enfrentan un sistema judicial que, en muchos casos, parece colapsado bajo el peso de la burocracia, la falta de recursos y la corrupción. Los procesos judiciales pueden prolongarse durante años, incluso en casos simples, lo que genera frustración y desconfianza en la población. La lentitud no solo afecta a las víctimas que buscan justicia, sino también a los acusados que, en muchos casos, permanecen en prisión preventiva durante largos períodos sin que se resuelvan sus casos.
Además, la inequidad en el acceso a la justicia es evidente. Aquellos con recursos económicos o conexiones políticas suelen obtener resoluciones favorables en plazos más cortos, mientras que los ciudadanos de menores recursos se ven obligados a navegar un sistema que parece diseñado para excluirlos. Esta disparidad ha alimentado la percepción de que la justicia en República Dominicana no es ciega, sino que favorece a quienes tienen poder e influencia.
¿Qué explica esta dualidad?
Las razones detrás de esta dualidad son complejas y multifacéticas. Por un lado, la presión internacional y la imagen del país en el exterior podrían estar impulsando una mayor eficiencia en los casos que involucran a extranjeros. Por otro, la falta de inversión en el sistema judicial, la corrupción endémica y la falta de voluntad política para reformar el sistema explican en gran medida la lentitud y la inequidad que afectan a los nacionales.
Además, existe una percepción generalizada de que los extranjeros reciben un trato preferencial debido a su capacidad para movilizar recursos diplomáticos o económicos, lo que contrasta con la desprotección que sienten muchos dominicanos ante su propio sistema judicial.
Hacia una justicia equitativa y eficiente
La dualidad en la administración de justicia en República Dominicana no solo es un problema de eficiencia, sino también de equidad y derechos humanos. Para construir un sistema judicial que inspire confianza en todos los ciudadanos, es necesario abordar las causas profundas de la lentitud y la inequidad, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia y la necesidad de una reforma judicial integral.
Mientras tanto, la sociedad dominicana sigue esperando que la justicia deje de ser un privilegio para unos pocos y se convierta en un derecho accesible para todos, sin importar su nacionalidad, estatus económico o conexiones políticas. Solo entonces se podrá hablar de un sistema verdaderamente justo e imparcial.
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