Escrito Por: Guillermo Pérez
Los recientes fallos del juez José Manuel Arias Martínez, que otorgaron una segunda oportunidad a al menos cuatro condenados, generaron una notable polémica que poco a poco se ha ido diluyendo en el tiempo.
Sin embargo, detrás de la controversia, se revela una profunda filosofía de justicia que prioriza la dignidad humana y la reinserción social.
Arias Martínez, juez titular de la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en Peravia, se ha convertido en una referencia por su espíritu de vida sencillo, sin visos de lujos ni opulencias.
Su discurso, centrado en la reeducación y la reinserción social, lo define no solo como un juez, sino como un “guardián de la dignidad humana” y un “vigilante constante de los derechos de las personas condenadas”.
¿Quién es el hombre detrás de las decisiones?
Lejos de la solemnidad de los estrados, Arias Martínez ha trazado un camino para la justicia que va más allá de los formalismos, revelando un enfoque profundamente humano.
A diferencia de la mayoría de los funcionarios judiciales, la información sobre la compleja misión de este magistrado no proviene de audiencias ni comunicados oficiales, sino de entrevistas y espacios en línea en los que el juez ha compartido su visión y sus principios, revelando una perspectiva más profunda de su labor.
Su trabajo, indica sin titubeos, no se limita a firmar documentos.
Su misión es ser un “arquitecto de la reinserción”, un “cedazo” que distingue quién debe permanecer en prisión y quién está listo para reintegrarse a la sociedad.
Cada decisión busca un delicado equilibrio entre la aplicación rigurosa de la ley y la humanización del sistema judicial.
Sus fallos, siempre basados en la Constitución y las leyes, no solo buscan castigar, sino también ofrecer un camino de vuelta a la vida social.
“No soy abogado de los internos, soy un garante como juez de Ejecución de la Pena que la ley me obliga”, ha sentenciado el magistrado, quien ha otorgado más de 300 libertades condicionales y 152 permisos laborales durante su ejercicio.
Ante los ataques a sus decisiones, la respuesta de Arias Martínez ha sido contundente, destacando su inquebrantable compromiso con la honestidad:
“Prefiero ser un abogado con dignidad”
“El día que yo decida ser un pusilánime (cobarde, amedrentado), me voy del Poder Judicial, prefiero ser un abogado con dignidad, que un juez mequetrefe (bullicioso, de poco provecho)”, ha sentenciado este profesional de la justicia.
A seguidas, se tornó más enfático: “Aquí hay gente que ha decidido hipotecar su cerebro. No es mi caso, yo actúo libremente; es mi conducta”.
Consciente de la controversia que puede generar su rol, ha dicho estar abierto a un escrutinio de su entorno y de sus cuentas bancarias, un testimonio de la limpidez que afirma ha mantenido en sus 14 años de ejercicio profesional.
Humanización y conciencia
El compromiso de Arias se hace visible en su enfoque en casos de cumplimiento especial de la pena, donde la salud o la vulnerabilidad del recluso son determinantes.
Consciente de que cada expediente representa una historia única, supervisa de cerca los casos y realiza inspecciones periódicas en los centros penitenciarios de su jurisdicción en Baní y Azua, asegurándose de que se respeten los derechos de cada recluso.
Su labor resuena con el mandato constitucional que orienta las penas hacia la reeducación y la reinserción social.
Gracias a su visión, decenas de personas han obtenido permisos laborales y cientos han sido reinsertadas en la sociedad a través de la libertad condicional.
La baja reincidencia en su jurisdicción es una prueba de que su proceso de evaluación funciona y que la justicia, cuando se aplica con compasión, puede transformar vidas.
El “cedazo” de la justicia
Desde la promulgación de la Ley 76-02 en 2004, el juez de ejecución de la pena se ha consolidado como un pilar en el sistema judicial del país.
Su labor es un delicado balance entre el cumplimiento de la sentencia y la protección de la dignidad humana.
Su visión humanitaria ha permitido que muchos privados de libertad, incluso aquellos con enfermedades terminales, puedan “fallecer rodeados de sus seres queridos en sus hogares”, lo que para él representa la satisfacción de un deber cumplido.
Arias está convencido de que su labor es esencial: “Si el juez de ejecución de la pena no está dispuesto a escuchar a los reclusos y a darles una segunda oportunidad cuando cumplen con los requisitos de la ley, entonces, la existencia de este tribunal de la pena carece de sentido”.
Como él mismo ha afirmado, “el juez de ejecución de la pena es el que tiene más poder en la jurisdicción penal, pero igual es el juez que más se expone”-
Este juez de origen sureño asume este rol con un inquebrantable valor y compromiso con la reeducación y la reinserción social.
Origen y carrera
El magistrado José Manuel Arias Martínez nació en San José de Ocoa el 14 de abril de 1976. Hijo de los ciudadanos Manuel Arias Sánchez y Altagracia Miriam Martínez Castillo. Arias realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal.
Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), siendo investido en la graduación del 28 de octubre de 2004. Ese mismo año se recibió de locutor profesional de la Escuela Nacional de Locución Prof. Otto Rivera. Es egresado del Programa de Formación de Jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Actualmente es juez titular de la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en el Distrito Judicial de Peravia.
Fuente: Listin Diario
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