La semana pasada acudí a una de las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para renovar mi licencia de conducir, que obtuve por primera vez en 1976, y descubrí que este país es un desastre institucional.
La experiencia fue una constatación en vivo de la violación fragrante de la Constitución y las leyes del país por esa entidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader.
Aunque el peor estilo para mí es escribir en primera persona, intentaré darme a comprender para ver quién responde por el desorden que impera en este país.
Tengo el derecho adquirido de conducir vehículos de motor hace 49 años y no he estado envuelto en un solo accidente ni multas.
Cuando llegué a la oficina un joven me sometió a dos pruebas: una auditiva y otra visual.
No digo a cuál oficina fui porque no estoy buscando chivos expiatorios porque el atropello no fue personal, sino la ejecución de disposiciones arbitrarias e inconstitucionales, del señor Milton Morrisón, director del Intrant.
Usurpación de funciones
Aunque el joven que me “examinó” no es otorrino ni oftalmólogo, él determinó que yo estaba muy bien de mi audición, pero no de la visión.
Con mis cerca de 70 años de edad, ese joven quería que yo tuviese la misma visión de un niño de 16 años y que fuese capaz de ver el ojo de una aguja en un campo oscuro.
Un hombre con 49 años de experiencia conduciendo sin accidentes, tiene más posibilidad de manejar prudentemente un vehículo que un joven de 23 años y visión 20-20. ¿Quería mejor prueba fáctica?
Pero ese señor que me evaluó a mí quiere, sin ser oftalmólogo, que mi visión sea igual que la de un niño.
Con ese criterio, una joven bioanalista no pudiese ejercer su oficio porque para ver microorganismos, tiene que acudir a un microscopio.
La primera violación de la ley que comete el señor Morrisón es tener a profanos haciendo evaluaciones médicas y dando certificaciones de quién tiene buena vista y quién está ciego.
Si en este país se respetara la ley, en todas las oficinas de Intrant esos exámenes los harían especialistas, que son los únicos que pueden decir quién escucha y ve lo suficiente como para conducir un vehículo de motor.
La opción que me dieron fue acudir donde un oftalmólogo, donde pagué una consulta privada tres veces más cara que el costo de la licencia.
Cuando el especialista me vio, me examinó, revisó mis lentes correctivos, me dijo que mi condición visual me permitía conducir con seguridad un vehículo y así me extendió una certificación, que llevé al Intrant para que me otorgaran la renovación de la licencia.
Prueba para el examinador
Si el Intrant va a seguir teniendo personal que ejerce la medicina especializada de forma ilegal y con su práctica conculcar derechos adquiridos, debía dar varias opciones prácticas para demostrar quién está ciego y no puede conducir.
En mi caso, me gustaría que el señor Morrisón y el examinador que dicen que yo no veo, me den la oportunidad de probarlo colocándose a 70 metros de este ciego para yo dispararle con una pistola o a 250 metros para tirarles con un fusil.
Si sobreviven a los dos disparos, no hay duda de que estaría ciego y no necesito una licencia de conducir. Si los alcanzo en el centro y borde inferior del tórax, ellos no tenían razón y solo están usurpando una función exclusiva del oftalmólogo.
Hasta aquí está clarísimo que el director del Intrant es un violador de la ley a nombre del gobierno de Abinader.
Acción discriminatoria
El Intrant fue creado por la Ley 63-17, pero a pesar de que esa normativa legislativa dispone que la expedición y renovación de licencias de conducir es por cuatro años, el señor Morrisón acude a un reglamento inconstitucional que nunca se había aplicado, para reducir a solo dos años la vigencia de la expedición y renovación de la licencia para personas de 65 años en adelante.
La ley dispone que la licencia se otorga y se renueva por cuatro años, el Artículo 39 de la Constitución prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación por razones de raza, religión, edad, color, género o discapacidad, pero el gobierno hace lo contrario sin inmutarse.
Inicialmente el señor Morrisón estaba cobrando 1,900 pesos para dar la licencia por dos años, que es el costo para una renovación de cuatro años.
Cuando los medios de comunicación expusieron la violación de la ley y el trato discriminatorio y confiscatorio contra ciudadanos, en octubre pasado el presidente Luis Abinader admitió públicamente que eso era ilegal y sería corregido en breve.
La realidad es que Morrisón se burla de la Constitución, de la misma ley que crea el Intrant y de la palabra de Abinader cuando continúa dando un trato excluyente y discriminatorio a las personas mayores de 65 años, expidiendo y renovando la licencia por solo dos años.
Estamos perdidos
El colapso de las instituciones es tan grande y generalizado que en este país no hay a quién acudir para pedir apoyo para exigir el respeto a los derechos ciudadanos.
Con lo que he expuesto aquí, cualquier dirigente político que se respete y aspire a posiciones públicas, debería alzar su voz y movilizar a su militancia para protestar activamente contra esta arbitrariedad y esta discriminación estatal.
Si aquí hubiese cortes integradas por jueces que se respetaran y no fueran tan cobardes ante el poder ejecutivo –con las excepciones que confirman la regla– yo fuera a un tribunal a exigir el respeto a mis derechos y al de mis iguales.
Pero aquí y ahora eso sería perder el tiempo. La mayoría de los jueces están ahí para recibir órdenes del gobierno a través del ministerio público y no tienen pecho para cumplir con sus responsabilidades.
Este es un país perdido y quien crea lo contrario, que siga echando raíces aquí, que invierta dinero familiar y siga a merced de mafiosos y lúmpenes que no respetan y mucho menos se respetan.
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