Felipe Ciprián
El país registra a diario episodios continuados de inseguridad ciudadana que realmente afectan a todos los sectores de la sociedad y persuaden a las personas a recluirse en sus casas porque ningún lugar es seguro frente a los criminales y delincuentes.
Mucho se ha hablado y el gobierno lanza planes para contener la delincuencia, pero los resultados son insignificantes porque confluyen una serie de factores que se constituyen en fermento para estimular a asaltantes y criminales.
Entre los factores que se han señalado está los míseros salarios que les pagan a los policías y soldados, que por demás no tienen ningún otro estímulo particular para hacer su trabajo.
Solo hay que recordar que en julio de 2013 la oficial del Ejército Zuleyca Ponciano Solano, escolta entonces de la hija menor del presidente Danilo Medina, fue asesinada a tiros cuando salía de su casa en el sector El Tamarindo, Santo Domingo Este, para ir a cumplir con su trabajo.
Tan reciente como el 2 de enero de este año apareció el cuerpo del coronel del Ejército Juan Antonio Terrero Medrano, muerto de cuatro balazos, quien trabajaba en el Primer Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial, en el Palacio Nacional. El oficial tomó un vehículo público próximo a la medianoche y los ocupantes lo asaltaron y asesinaron en la Autopista Duarte.
En los dos casos se trata de oficiales militares que trabajaban en el entorno y para la seguridad del presidente Medina, pero ellos estaban en la desprotección total porque para ir o salir de su trabajo tenían que acudir a vehículos públicos que en este país no hay garantía de que sean efectivamente trabajadores los que los pilotan, porque con frecuencia son delincuentes o violadores.
Pero la mayor carencia del país para detener a la delincuencia y la criminalidad es la falta de un sistema de justicia que ajuste cuentas con todos los que violan la ley y que lo haga en forma rápida y ejemplarizante.
Mientras en este país se siga dando largas a los expedientes de asaltantes, criminales y violadores, los que se preparan para entrar al bajo mundo no van a ver motivos de arrepentimiento porque suponen que siempre habrá un padrino, un juez corruptible, un policía que se vende o un fiscal que coge dinero para anular el castigo que corresponde.
Si cuando se detiene a un delincuente tipo Brayan Félix, que asaltó a tres mensajeros bancarios robando casi 10 millones de pesos junto a John Percival, con saldo de muerte y heridos, pero se le tiene dos años dando vuelta y no se le condena, la sociedad pierde la esperanza en la justicia y los demás delincuentes no se arredran.
Peor aun, si ese delincuente está en manos del ministerio público desde hace siete semanas y al día de hoy no se ha informado dónde está el dinero robado y quiénes fueron los beneficiarios, la sociedad pierde la esperanza de que se haga justicia efectiva.
Si en este país alguien quiere detener y luego derrotar la delincuencia, la criminalidad y los feminicidios, tiene que dar impulso a una justicia verdadera, normada por la rectitud, intransable, que haga juicios en forma rápida para que la población conozca el desenlace de los crímenes antes de que pasen al olvido.
Lo demás que es necesario hacer entra en el ámbito de lo social: mayores oportunidades para estudiar, crear fuentes de empleo, estimular a los miembros del cuerpo del orden con mejores salarios, planes sociales para ellos y sus familiares, buscar y obtener la cooperación ciudadana sobre la base de dar un servicio eficiente y honesto.
Mientras no se enrumbe el esfuerzo por estos aspectos, la delincuencia seguirá campeando y las autoridades serán incompetentes para detenerla, conformándose con decir que se trata de una «percepción» de inseguridad.
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