Las políticas migratorias de cada país son la base legal que sostienen los controles de entrada y salida de su territorio.
La Republica Dominicana es un Estado soberano, delimitado en las mejores bases del respeto y la solidaridad para con países amigos.
A 180 años de la independencia nacional y la proclamación de la primera Constitución seguimos empantanados entre las decisiones del Estado amparadas en las delimitaciones legales sin romper con los tratados internacionales, la necesidad de proteger las fronteras terrestres, costas marítimas, espacio aéreo y las líneas xenofóbicas de carácter preferencial que se desarrollan en las teorías “trujillistas” que sostienen persistentemente que los haitianos son una amenaza para con nuestra soberanía. Los círculos intelectuales trujillistas se han sostenido económica y presencialmente en este lamentable precepto ideológico.
La aplicación de las leyes migratorias Republica Dominicana ha sido bien utilizado por la presente administración de Luis Abinader y sin lugar a dudas el anterior gobierno de Danilo Medina se esforzó y sobrevivió al desastre constitucional que en ese tema significo la constitución del 2010, costándole al Estado más de 5,000 millones de pesos.
Hoy seguimos enfrentados con los organismos internacionales que procuran insistentemente que la tierra de Florinda Soriano y Jose Francisco Peña Gomez asuma la responsabilidad humanitaria de Haiti lo cual es imposible; sin embargo en ese punto RD es la que más pesado ha cargado ante la negligencia de la OEA y la ONU en buscar salidas políticas y de asimilación migratoria para con la nación que produjo la libertad de los esclavos y la primera independencia de américa después de los Estados Unidos.
¿Cuántos barcos disponibles ha colocado el G7 en las costas haitianas para proveer alimentación, atención medica y/o recibir mano de obra de la Republica de Haití con la correspondiente regulación?
¿Cuándo se aplicara una política de recuperación institucional en la tierra de Toussaint Louverture?
La intervención militar no es suficiente sino se estructura la construcción de un Estado sólido que solo es posible creando una estructura militar educada hacia la protección del poder civil y de firme lineamiento en la protección de su soberanía; permitiendo la reconstrucción económica en función a lo poco o mucho que tenga la nación caribe que comparte territorio con la tierra de Fernández Domínguez.
Y solo y solo asi, garantizando una fuerza militar sólida y fiel al poder civil más el impulso económico es que podría recuperarse la instalación de un Estado democrático y capaz de gobernar en un proceso de recuperación a largo plazo.
Pero a los países grandes no le interesa.
Ahora tenemos el elemento xenofóbico “preferencial” agregado que en mi visión no es más que la búsqueda de crisis mediática para con la actual administración, queriendo aprovechar que no está en reelección y que cuyos pre candidatos piensan que su elección es automática en el 2028; el silencio ha sido sepulcral, siguiendo más las instrucciones del merkanting electoral que el compromiso político de defender posiciones de Estado que le corresponde como pre aspirantes presidenciales del Partido en el gobierno.
En este punto creo que las deportaciones son correctas, sin embargo, se aceleraron para bajar la presión de un sector del país cuyo propósito no es que se apliquen políticas migratorias de control si no una ideología de odio desarrollada por los intelectuales de Trujillo y que se consolida hipócritamente en la mano de obra necesaria que significa el corte de caña y la construcción en República Dominicana.
Es importante que el Estado dominicano suelte la presión que pueda generar un sector comunicacional que sigue la agenda electoral del ex presidente que regalo una universidad a Haiti en vez de un hospital en la frontera y encima le puso como nombre Henri Cristofer.
Aquí en primer lugar tenemos que actuar como Estado, garantizando los derechos naturales de los extranjeros/as; verificando la necesidad de mano de obra extranjera a nivel de la agricultura, construcción y otras áreas neurálgicas del país, de paso regularizar a quienes de forma indocumentado estén en el país con visas de trabajo renovable a un año e impuesto de 250 a 500 dólares de acuerdo al tiempo que se le ceda. El pago es por renovación, sea a 12 meses o 18 meses. Identificar a extranjeros que estén infringiendo la ley y enviarlos deportados de forma inmediata y sin mas proceso que el de identificar a quienes le dieron acceso al país en caso de no haber pasado por procesos consulares, similar como residentes a quienes se hallan casado o estén en unión libre con dominicanos en un mínimo de 3 años y con hijos comunes.
Poner fin al comprobado negocio de tráfico de haitianos, así como detectar las denuncias de que son objeto de acorralamiento le quitan el dinero a cambio de no proceder según las ordenes de deportación.
La reforma constitucional debió ser revisada partiendo de los adefesios marcados en la del 2010 con relación al tema de nacionalidad a los dominicanos desnaturalizados por ser hijos de extranjeros (que son los que realmente protestaron frente a Palacio, no fueron haitianos).
Los procedimientos y leyes migratorias deben aplicarse a todos los extranjeros sin importar nacionalidad. La camiona se mueve solo entre la piel como la noche sin luna, sin embargo, los de ojos rayados que con sus ventajas arancelarias han acabado con los comerciantes dominicanos en competencia desigual no han sido tocados.
Estoy de acuerdo con todo lo que signifique aplicar las leyes migratorias sin xenofobia preferencial y respetando las leyes dando el mismo trato que esperamos reciban nuestros emigrantes en el extranjero (por lo menos en EEUUAA).
Creo que la regularización es el primer paso, la deportación es el segundo.
La xenofobia no le luce a ningún ciudadano del mundo, pero a quien asuma y piense hay que respetarle; la xenofobia preferencial es inaceptable y contrarrestarla con respeto y argumentos de la realidad que viven nuestros dominicanos en todo el mundo es la clave.
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