Escrito Por: Roberto Yoel Henriquez
La independencia e imparcialidad en la administración judicial son pilares fundamentales en un Estado social, democrático y derecho, porque constituyen en esencia mecanismos de credibilidad en la tarea de administrar justicia. Los jueces y juezas en la administración de justicia son independientes de presiones internas y externas, lo que significa que no deben recibir amenazas, presiones, retaliaciones, injerencias, coacciones o cualquier otro tipo de conductas que limiten su independencia ya sea por autoridades jerárquicas internas, o bien sea perteneciente al mismo poder judicial, o externamente por poderes faticos o algún poder del Estado a quien la decisión de ese administrador de justicia le resulte desfavorable.
Una tendencia peligrosa en aumento, es la grave situación de vulnerabilidad de la independencia de los jueces y juezas frente a las influencias mediáticas que acosan la labor judicial como consecuencia de un inadecuado ejercicio de las libertades de información de un proceso judicial, pues se ciernen sobre los procesos y sus decisiones juicios paralelos que se traducen en acoso a la labor judicial por múltiples razones que pueden ser motivos económicos, sociales, políticos, empresariales, personales y demagógicos. De ahí que el administrador de justicia debe actuar con prudencia y moderación, que dicho sea de paso la primera es un principio ético de la labor judicial.
Un grave peligro que se presenta a la independencia judicial es cuando la opinión publica pasa pues a ocupar la posición de los jueces, y en cambio emiten fallos, dictámenes y conclusiones fuera del espectro procesal y sin el mínimo sustento jurídico, creando a su vez un desafío para el juzgador que decida contrario, lo que equivale a destitución, juicios disciplinarios , traslados de una posición hacia otra con una falsa apariencia de ascenso basados en una necesidad de eficiencia, lo que para un observador razonable es una trampa o un retroceso, pues ya existe en el colectivo social una idea preconcebida de lo que debió ser y no es, o de lo que no debió ser y es.
Esta grave presión a la independencia judicial debe ser un efecto reflejo y una alerta para los administradores de justicia, pues dice el pueblo llano que “cuando veas la barba de tu vecino arder pon la tuya en remojo”, pues una decisión judicial apegada a derecho, pero cuestionada por la opinión pública como consecuencia de la presión mediática perjudica no solo a quien la dictó, sino también a la misma administración de justicia la cual sufrirá el descredito sospechoso de la sociedad y la falta de credibilidad. Y aquí se evidencia una vez más la ausencia de una política de comunicación judicial seria llevada cabo por el Poder Judicial, para defender de los juicios paralelos y mediáticos la legitimidad de las decisiones de los administradores de justicia y la imagen misma de los tribunales y enfrentar los intereses que le son contrarios.
Es de rigor establecer que en una sociedad democrática siempre los medios de comunicación suponen una garantía de transparencia, pues por el respeto a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva concebida como un valor, deben informar incluso a través de un seguimiento informativo amplio e intenso, sin que esto se considere un abordaje inapropiado, pero tampoco una intromisión directa en la administración judicial.
Las garantías adquiridas como consecuencia de un Estado social, democrático y derecho deben ser defendidas de los intereses que amenacen con su erosión, y en ello la independencia e imparcialidad judicial, mismas que son fundamentos normativos de una sana administración de justicia, pues en una situación de injusticia no hacer nada, ya es colocarse del lado del opresor.
Comentarios...