Por Fredo Ogango
Ante la situación política que vive la República Dominicana, considerando los deberes y sobre todo el derecho a la Libertad de expresión e información que me confiere la Constitución Política de nuestro país, comparto mi opinión al respecto.
Sin identificar culpables, señalo que, con la suspensión del proceso electoral del pasado sábado 16 de febrero, sin temor a equivocarme; el principal afectado es la democracia y le secunda el estado dominicano, representado por su actual presidente Danilo Medina. Ha sido un precedente negativo que quedará plasmado en la historia de nuestro país y en su gestión de gobierno por la hiriente y trascendental consecuencia
Este evento impacta de forma negativa la imagen de la nación, tanto a nivel nacional como internacional, proyectando un clima político inestable, afectando así los diferentes sectores que sostienen nuestra economía. Adicionalmente, el incalculable e insostenible gasto realizado y por realizar, para la ejecución de actividades proselitistas y el aún pendiente proceso democrático; financiado con las diferentes fuentes de tributación que se alimentan con el sacrificio y trabajo que a través de las contribuciones realiza cada uno de las y los dominicanos.
A todo esto, hemos de sumar la perdida de docencia en colegios y universidades que se usaron como recintos, por citar el caso de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que suspendió sus actividades docentes dos días; pérdida de la credibilidad de las instituciones estatales, específicamente la Junta Central Electoral; muertes y heridos como resultado de enfrentamientos entre las diferentes agrupaciones políticas, por citar algunos.
Ante lo expuesto, me planteo algunas interrogantes con la finalidad de identificar las figuras que se favorecen con la suspensión:
¿Quién ha sido la persona o agrupación política abanderada en tratar de desacreditar tanto a nivel nacional como internacional la automatización del proceso electoral y ha predicho que la nación no estaba preparada para asumir e implementar dicho proceso?
¿Cuáles agrupaciones políticas, muestran resistencia al cambio, alegando que el país no está preparado y por temor a un posible fraude, se han pronunciado en contra del voto automatizado, impidiendo el avance de la nación en materia electoral?
Espero que, de haberse cometido un acto de sabotaje, tipificado en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología como un hecho de alterar, trabar, inutilizar, causar mal funcionamiento, dañar o destruir un sistema electrónico, informático, se identifiquen y sean castigados los responsables. La referida ley en su Artículo 27 contempla penas de quince a treinta años de reclusión y multa de trescientas a dos mil veces el salario mínimo.
Con relación a los Jueces de la Junta Central Electoral, indistintamente de la figura o cargo que representen, deben asumir la responsabilidad del fallido proceso, y finalizado los próximos procesos electorales de marzo y mayo, pongan su cargo a disposición o sean sometido a un juicio político por parte del Congreso Nacional.
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