Por: Felipe Ciprián
El pasado lunes despertamos con un zafarrancho montado por la Procuraduría General de la República que culminó con la detención de una decena de dirigentes de tres partidos, que fueron legisladores o funcionarios públicos, incluido un ministro.
Temprano estaban presos Temístocles Montás, Radhamés Segura, Víctor Díaz Rúa, dirigentes de alto nivel del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). También ingresaron a prisión Andrés Bautista, César Sánchez y Roberto Rodríguez, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Ruddy González del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Además fueron llevados a la cárcel del Palacio de Justicia los señores Ángel Rondón, Conrado Pittaluga y Máximo De Oleo. En el expediente está incluido el ingeniero Bernardo Castellanos, quien no ha sido detenido por encontrarse en Panamá.
Tres legisladores activos: senador Tommy Galán (PLD-San Cristóbal), senador Julio César Valentín (PLD-Santiago) y el diputado Alfredo Pacheco (PRM-Distrito Nacional), también han sido incluidos en el expediente que pretende cerrar el escándalo del pago de sobornos por 92 millones de dólares admitido por la constructora Odebrecht ante las autoridades judiciales de Estados Unidos.
En el país hay un clamor generalizado por el fin de la impunidad y el castigo a la corrupción que no hay forma de parar ni siquiera con la sanción ejemplar de los culpables reales de aceptar sobornos, mucho menos con el encarcelamiento de dirigentes políticos pasados o actuales funcionarios a los que se pretende echar toda la culpabilidad por los sobornos.
No tengo duda de que por la dinámica interna del país -tanto por las diligencias propias del ministerio público como por la movilización ciudadana- jamás se hubiese puesto en marcha diligencia alguna para sancionar la corrupción. La señal viene claramente de un gran poder extranjero que no come bolas a la hora de pasar facturas frente a determinados descaros.
La historia está muy reciente como para que alguien pueda olvidar el festival de archivos de expedientes por corrupción en la justicia dominicana y la voluntad indoblegable de los imputados de impedir que un tribunal conozca de las acusaciones e incluso limpie su nombre con un descargo, que es a lo que debe aspirar quien se considere inocente.
Salta a la vista la selectividad de los perseguidos: todos corresponden a períodos de gobierno anteriores a agosto de 2012 que inició el presidente Danilo Medina, pese a que los contratos con Odebrecht siguieron «viento en popa» durante 2013 y 2014.
El ingeniero Montás es el único funcionario del actual gobierno incluido en el expediente, pero se «acusa» de firmar un contrato en el año 2005 para lo que tenía un poder del Presidente y no fue con Odebrecht.
Si negociar y firmar contrato con Odebrecht (que se autoincriminó como sobornadora pero logró pactar su exclusión de juicio) es el equivalente a aceptar sobornos, entonces faltan funcionarios importantes en el expediente, así como una revisión a fondo de la dinámica del patrimonio de cada uno, como se hizo con otros.
Meter preso a Temístocles Montás dizque porque incrementó su patrimonio en algunos millones de pesos después de trabajar 17 años como funcionario de primer nivel en los gobiernos del PLD, es una burla a la inteligencia de la ciudadanía que conoce casos desbordantes de enriquecimiento y sus hazañas no han pasado de las querellas y show.
Si hay un dirigente del PLD que ha dado muestras de sobriedad y de que no tiene riquezas ni priva en rico, es precisamente Montás.
Lo que sí tiene Montás es un discurso fuerte contra la degeneración en el PLD y por frenar el caudillismo y el clientelismo político que en todas partes fomenta la corrupción y la impunidad. Quizás por eso y por su independencia grupal, Montás está hoy preso.
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