Varias personas expresaron su indignación por la decisión del Juzgado de Instrucción de San José de Ocoa, el cual impuso el pago de dos millones de pesos como medida de coerción a la empresa Agroforestal Macapi, S.A. y al empresario Manuel Castillo Pimentel, propietario de esa finca, acusada de remover material de la corteza terrestre y causar daños forestales en loma Redonda de esa localidad.
Tras conocer la decisión, expresaron su rechazo y burla a la población de San José de Ocoa, por lo que entiende la sanción debió ser mas drástica.
Mensajes
“Que burla hubiese sido un pobre que corta un guano le ponen 5 millones y para la charola”, Leonel Díaz.
“Y esos son los que dicen que aman a Ocoa, para hacerse millonarios solamente”, Noris Levis.
“Deben ponerlo ahora a llevar tierra negra y sembrar los mismos árboles que cortó, se creen que están por encima de la ley”, Alexis Arias.
“¿Cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo para la Loma Redonda y todo el eco sistema circundante?
En término de vida y futuro, ¿cuál es el precio que deberán pagar los ciudadanos del mañana?, ¿Cuál es la tasa preferencial de un crimen de lesa humanidad?, ¿Cuál es el mensaje que manda la justicia?”, Asdrovel Tejeda.
Cientos de mensajes en las redes rechazando esta decisión, la cual la cantidad de dinero no resarce el daño ocasionado al medio ambiente.
El caso
El Juzgado de Instrucción de San José de Ocoa impuso el pago de dos millones de pesos como medida de coerción a una empresa dedicada a la producción de aguacate acusada de remover material de la corteza terrestre y causar daños forestales en loma Redonda de esa localidad.
De acuerdo a una nota de prensa enviada a OCOAENRED.COM, dice que La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) sometió a la Justicia a la empresa Agroforestal Macapi, S.A. y al empresario Manuel Castillo Pimentel, propietario de esa finca, imputados de violar, entre otras normas, varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
El órgano de la persecución penal responsabiliza a Castillo Pimentel y a su empresa de cometer delitos ambientales consistentes en remover material de la corteza terrestre, sin contar con un plan de remediación.
Especificó que el caso aún se encuentra en proceso de investigación, bajo la coordinación del procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, y la participación de Rudy Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta de Jesús.
Como parte de las investigaciones, y en respuesta a la solicitud de esa procuraduría especializada, la Academia de Ciencias de la República Dominicana rindió un informe sobre el impacto de las actividades ilegales de la empresa y concluyó que la finca Macapi incurrió en remover la superficie del suelo de la ladera, sin un plan aprobado en los términos del artículo 62 de la ley 64-00.
“Las labores observadas en la ladera intervenida tendrán un efecto erosivo tan pronunciado que producirán un proceso de aridización del área a mediano plazo”, detalla la entidad.
De acuerdo con el informe, el daño ambiental provocado “permite predecir, con toda certeza, que el torrente provocará cárcavas que arrojarán rocas de todos los tamaños aguas abajo, amenazando la estabilidad de la infraestructura de la finca, y hasta las vías de acceso propias de la comunidad (…) un proceso que compromete, además, la fertilidad natural de los suelos superficiales claramente observables”.
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