Por el título planteado es muy probable que algunos asuman que me referiré al nuevo uniforme que hoy lucen diversos agentes policiales en medio de la denominada reforma policial; debo aclarar que no es el caso. Me referiré esta vez a la imagen que se proyecta o que más bien debe proyectar quien lleva encima no sólo un uniforme que identifica a su institución, sino y sobre todo la gran responsabilidad de velar por el orden público.
Debo hacer lo que considero una salvedad necesaria de cara a la imagen de los agentes policiales, dado que ni remotamente pretendo generalizar en el enfoque que haré, no sólo porque sería incorrecto, sino y sobre todo porque sería a todas luces injusto el que atribuya a todos las actuaciones incorrectas que he observado en algunos de sus miembros, pues me consta de la actuación correcta de miembros de dicha institución que indefectiblemente honran el uniforme que portan y la función que desempeñan.
Sin embargo, debo decir que en ocasiones agentes policiales uniformados incurren en actuaciones que distan mucho de lo que debe ser la imagen y el comportamiento de un agente del orden, y que si bien pasan inadvertidas en ocasiones, quiero llamar la atención sobre el particular porque no sólo me consta, sino que también me llegan informaciones de niñas y adolescentes que lejos de sentirse protegidas por dichos “agentes del orden” más bien se sienten acosadas.
Saber que un agente policial, aunque está mal por quien lo haga porque igualmente es incorrecto, pero sin caer en generalizaciones me detengo en esos agentes policiales porque estos tiene a su cargo, por mandato legal, “salvaguardar la seguridad ciudadana, mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica”.
Escuchar a una niña, adolescente o una dama cualquiera sentirse antes que protegida acosada en términos verbales y por gestos a todas luces irrespetuosos, choca de frente con los postulados enarbolados por la ley, en el sentido de que “la sociedad dominicana demanda de un cuerpo policial eficiente, profesional y confiable, cuyas acciones se enmarquen dentro del más estricto respeto a la Constitución, a la ley y a los convenios internacionales”.
Lo peor de todo esto es que con esas actuaciones, que como reitero no es una práctica generalizada en nuestros agentes del orden, se termina comprometiendo la imagen íntegra de la institución y eso debe evitarse, actuando en todo momento consciente de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros y que tienen una responsabilidad que cumplir de cara a la sociedad y en atención a la misión de su institución, dentro de la cual se destaca, precisamente, la de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, preservar el orden público y promover la convivencia ciudadana.
Pero además, con ese tipo de actuaciones de “piropear” de una forma que prácticamente llega al acoso se aleja de la doctrina policial, la cual “fomenta los valores éticos y morales como principal soporte de las actuaciones del personal policial, fundamentadas en el respeto de los derechos humanos y las leyes, estableciendo modelos de conducta que guíen e identifiquen a la institución policial y a sus miembros dentro de la sociedad”.
Cada miembro de la institución del orden debe saber que con sus actuaciones puede arrastrar la imagen misma de la institución en su conjunto, y más allá del régimen disciplinario consignado en su ley orgánica, debe procurarse en todo momento un comportamiento correcto que impacte positivamente en la población a la que se debe proteger, generando un clima de confianza y de respecto.
El colectivo es la suma de sus individualidades y por tanto sólo en la medida en que cada miembro de la institución juegue su rol y asuma un comportamiento correcto de cara a la sociedad podrá la institución en su conjunto seguir ganándose su confianza; esas son prácticas que debemos incentivar y modelar, pues como se ha señalado, se trata de una institución llamada a salvaguardar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y la convivencia pacífica.
El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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