SANTO DOMINGO- El Consejo Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), pidió la eliminación del Fondo de Gestión Social de Congreso Nacional, por considerarlo de mal precedente para el país.
Mediante un comunicado, la ACRD encomienda a los legisladores a que esa decisión unilateral de mal precedente, al interpretar en su beneficio e incurrir en este innecesario privilegio para sí mismo, en un gesto de dignidad, integridad y de patriotismo sea erradicada formalmente esta malhadada práctica ajustándose al mandato Constitucional que define y determina las atribuciones de los tres esenciales Poderes del Estado.
Expresan que desde el 2006 hasta la fecha, se ha venido denunciando y propugnando la anulación de estas asignaciones de fondos que cada vez se hace más imperativo dada la crítica situación que padecemos agravada por la Pandemia COVD-19.
Dice que para el 2006, hace 14 años, el Senado de la República instauró de manera autoritaria y unilateral, el denominado Fondo de Gestión Provincial, el cual consiste en asignar del Presupuesto Nacional, mensualmente, a cada legislador del Senado y de la Cámara de Diputados, la suma de un Peso (RD$1.00) por cada votante a su favor, lo que es conocido popularmente como “El Barrilito” y “El Cofrecito”, respectivamente, en adición a su alto salario, más dietas, viáticos de viajes, pasaportes diplomáticos, exoneraciones de dos vehículos de lujo en cuatro años, contribuciones especiales para el Día de las Madres, Día de los Padres, Día de Reyes, para Semana Santa, gastos de combustibles, y otros beneficios más.
“Este “Fondo de Gestión Provincial”, se dice que reemplaza las donaciones a las Fundaciones o Asociaciones sin Fines de Lucro que tenían los legisladores adheridas, por soberana decisión al Presupuesto Nacional para supuestos planes de asistencia social en sus comunidades con poca o ninguna regulación y fiscalización ya sea del Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Impuestos Internos, o la Cámara de Cuentas o la Contraloría General de la Republica”, expresa el documento.
Manifiestan que nadie, de esas instituciones osa inmiscuirse en esos malos manejos del Fondo Público contrario a la Constituían de la República y objeto de corrupción, que sangra las arcas estatales, bajo el desvirtuado alegato de una “asistencia social”, que en realidad es aplicado con un criterio clientelista, anti-democrático, espurio, no de equidad y si populista y discriminatorio, conforme el deseo omnímodo de cada legislador titular.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana, unida al clamor de la ciudadanía y a los mejores intereses de la Nación y del pueblo dominicano tiene fe y confía que este nuevo período legislativo sea fortalecida la institucionalidad democrática honrando este importante Poder del Estado sus delicadas atribuciones.
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