Felipe Ciprián
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acaba de hacer voluntariamente un compromiso que lo pondrá a prueba como servidor público y como ciudadano: dijo que aportará «pruebas contundentes» para demostrar la culpabilidad de los imputados en el recibo de sobornos por más de 3.5 millones de dólares para materializar la compra de una flotilla de aviones Tucano en Brasil.
La difi cultad de Rodríguez y de su equipo en esta investigación es que tiene un preso incómodo, que es el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, quien fungió como director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana, porque tan pronto como fue encarcelado el 10 de agosto de 2016, le reveló a los investigadores de la Procuraduría el nombre del senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, como la persona que habría recibido el dinero dispuesto por la empresa brasileña Embraer para agenciarse la aprobación en el Congreso Nacional del préstamo para adquirir las aeronaves.
El senador Canaán Rojas, al día siguiente, se desligó de la operación, pero si la Procuraduría lo incluyó en la investigación, lo hizo muy discretamente, porque nadie lo vio sometido a interrogatorio como fue el caso del general Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de las Fuerzas Armadas, y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, todos con medidas de coerción por el mismo caso.
Sean o no culpables estas personas, lo importante para la sociedad dominicana es que ninguno de ellos es legislador y por tanto aunque hicieran todas las diligencias, mandados y ruegos, al fi n de cuentas fue en el Congreso Nacional donde se aprobó el fi nanciamiento para la compra de los Tucano y es ahí que por lógica tiene que aparecer el o los benefi ciarios de esa otra coima perversa que enloda el servicio público dominicano.
Siempre creo que quien se compromete voluntariamente a cumplir con su deber, y lo dice para que lo escuchen, hay que darle la oportunidad de que sus palabras se correspondan con los hechos, pues de lo contrario perdería toda credibilidad y la gente honesta le vería como otro cómplice del descaro con que funcionarios judiciales tratan los expedientes que involucran a la delincuencia selecta.
El procurador Rodríguez no tiene en este caso la oportunidad de «casarse con la gloria» porque no se trata de algo que esté alejado de su deber cotidiano y que él y los jueces cumplen a cada momento con toda naturalidad contra rateros de salami y carteras, pero sí puede demostrar que no fue a esa posición a masticar avellanas ni a encubrir a delincuentes políticos.
Si la Procuraduría demuestra en un tribunal que ciertamente se pagó un soborno por 3.5 millones de dólares para lograr la aprobación de la compra de los aviones, no creo que los jueces del caso se atrevan a evadir su responsabilidad de confrontar a los acusados con la Ley 448-06 Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, que es una ley especial sobre la materia, a la que viven tan atentos los poderes extranjeros.
Pero el embarazo está en que no puede haber sobornadores, intermediarios para lograrlo, sin que a su vez se identifi que y se sancione con mucho más rigor a los sobornados.
Si la disposición de la Procuraduría –que es lo mismo que decir el gobierno- es de empeño real en aportar «pruebas contundentes», lo no quiere el resto de la sociedad es que el tribunal que las conozca se convierta en una especie de la «Tremenda Corte» del cubano Leopoldo Fernández, que los más jóvenes deben saber que era una comedia muy escuchada en el país hasta hace pocos años.
El de los Tucano es otro caso en el que la Justicia dominicana tiene la oportunidad de seguir haciendo lo que siempre ha hecho, ser selectiva, o hacer respetar la ley aunque le duela en el alma y perjudique a amigos. Esperemos el desenlace.
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