Por: José Henríquez
La Sociedad Dominicana ha sido testigo de excepción en los últimos veinte (20) años de una de las más grandes revolución histórica que haya sufrido sistema de Justicia alguno, en américa latina.
Cambios que inician producto de la crisis política del 1994 y a pesar de haberse hecho en esa fecha las transformaciones legislativas no es hasta 1997, que es convocado el consejo Nacional de la Magistratura, con un congreso en ese momento era dominado mayoritariamente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Estos cambios iniciaron por el Poder Judicial, del cual se requería una verdadera independencia como lo estipula nuestra constitución desde la fundación de la Republica; este eje fundamental en la administración de justicia que durante muchos años estuvo secuestrado por el poder político, creando un sistema que de manera clara no solo determina la garantía de permanencia de sus miembros si no el ingreso atreves de concursos hasta el grado de Corte de Apelación, ascensos por méritos y por capacidad, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, para los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuya conformación se realizó de forma que garantizara la participación de todos los sectores de la sociedad incluyendo el político.
De esa forma inicia la transformación del sistema de justicia con pasos firmes y decididos camino al adecentamiento del sistema de Justicia, concluyendo de esa forma de manera definitiva la designación de jueces que respondan a los políticos locales o a los de mayores influencias, concluyendo así una práctica que aparentaba duraría por los siglos de los siglos.
Transcurrido el tiempo y fortalecida la carrera judicial cuando ya el cambio se creía irreversible, le tocó el turno al Ministerio Público, el órgano ejecutor del Sistema de Justicia amparado bajo la sombrilla de la Procuraduría General de la Republica, la cual no ha salido ni saldrá por lo visto del control del poder ejecutivo.
Esta vez aunque no se trata de un poder independiente como lo es el poder judicial, si se hacía necesaria lograr la independencia aunque sea funcional como se logró y el establecimiento de una carrera que garantizara la permanencia de sus miembros en la función como al efecto y que le permitiera actuar con toda libertad sin temor a represalias del poder político que vive una lucha incesable por controlarlo todo.
Como primer paso al adecentamiento del Ministerio Público fue promulgado la ley 78-03, la cual fue muy buena como paso de avance pero en su contenido mantenía muchas debilidades las cuales dejaban ver el establecimiento de la carrera del Ministerio Público como una quimera.
Pese a eso la misma dio inicio a una jornada de capacitación y mejoramiento en la calidad del trabajo del Ministerio Público, dejando como resultado la exclusión de muchas personas que aun siendo activistas políticos del partido de turno no tuvieron evaluaciones satisfactorias; constituyendo esto una muestra de que se contaba con la firme voluntad de adecentar este importante órgano.
En ese periodo de transformación y reconociendo las debilidades de la ley 78-03, se hizo necesario dotar al Ministerio Público de una herramienta que de manera eficaz garantizara el fortalecimiento de su carrera creándose así la ley 133-11, esta ley, la cual vino a eliminar las designaciones por dedos en las posiciones de Dirección del Ministerio Público, como es el caso de los titulares de las fiscalías, corte de apelación y procuradurías especializadas.
Estas reformas de avance han transformado el sistema de justicia en la Republica Dominicana, a tal modo que podemos hablar de un ante y un después en el interior de estos órganos.
Estas transformaciones han causado preocupación en los sectores políticos que no cesan en sus deseos de querer mantener el control de estos órganos para poder garantizar la impunidad de ellos y los suyos, estas manifestaciones se evidencian en la lucha que se vive a diario sobre todo en las provincias en donde los que se consideran los jefes políticos de esas demarcaciones realizan tramas perversas y con intenciones siniestras para intentar apartar de sus posiciones a los funcionarios que no le responden a sus intereses, en esas actividades están personas que deben constituirse en garante del estado de derecho y deben a toda costa procurar la primacía del ordenamiento jurídico.
Personas que tienen funciones desde legislar, muestran con esas acciones no solamente su ignorancia de las leyes que en algunos casos participaron de su redacción si no que además muestran irrespeto por el pueblo, pues, quieren manejar la justicia a sus antojos repito para garantizar impunidad para ellos y los suyos y de ese modo blindarse ante las actuaciones ilegales que a diario comenten con el apoyo de un sequito de ignorantes que solo saben obedecer sin importar el propósito de los mandatos recibidos.
Estas cuestiones planteadas en este escrito tiene como propósito llamar la atención de la Población de los sectores que aún mantienen su dignidad en alto en contra de la corrupción y las perversidades de quienes ostentan poder político y quieren hacer de las instituciones instrumentos personales con la finalidad de perseguir, sancionar y proteger de manera selectiva.
Por eso entiendo propicio citar la frase célebre del destacado jurista Santiagués JUAN B PEREZ RANCIER, ´´CUANDO LA POLITICA ENTRA POR LA PUERTA DEL TRIBUNAL, LA JUSTICIA SALE POR LA VENTANA´´
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