SANTO DOMINGO-Cuando la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) comenzó su andadura, en el año 1963, más de la mitad de sus servicios iban enfocados a la atención y recuperación de los discapacitados que dejó un brote de poliomielitis que azotó con severidad el país en esa década.
56 años después la epidemia tiene otro nombre: los accidentes de tránsito. Un problema de salud pública que no hace más que crecer y que cada año deja más de dos mil muertos y un número indeterminado de heridos y discapacitados.
Según el doctor Arturo Pérez Gaviño, Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, fundada y presidida por Doña Mary Pérez de Marranzini, el 30% de los servicios que ofrece la institución en su sede central y las 33 filiales diseminadas en toda la geografía nacional, van dirigidos a pacientes que han sufrido traumatismos como consecuencia de siniestros viales, los cuales requieren de una atención interdisciplinaria especializada muy costosa.
“Eso quiere decir que de 100 pacientes nuevos que llegan a Rehabilitación, 30 han sido afectados en accidentes automovilísticos, y de ese 30%, un 12% corresponden a accidentes de motores”.
Explicó que antes de la masiva circulación de motocicletas, en el país se atendían secuelas relativamente menores, como rotura de piernas o fracturas en los tobillos, pero que en la actualidad la incidencia de daños neurológicos severos ligados a esa causa ha aumentado. “De modo tal, que ahora mismo los pacientes de Rehabilitación en el país, el 56% poseen severas afecciones en el sistema nervioso central. Eso requiere de tratamientos largos, costosísimos, dejando a muchos de esos pacientes con problemas de movilidad y de fractura a nivel de la columna que hacen que toda su vida se desarrolle en sillas de ruedas”.
Al participar en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe junto a la presidenta de la institución y el primer Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional, Celso Marranzini, el doctor Pérez Gaviño deploró que el gran porcentaje de lesionados tiene entre 20 y 40 años, lo que afecta negativamente la fuerza de trabajo y por ende la productividad del país. “Eso significa que esas personas tendrán realizar sus funciones con limitaciones y eso crea muchas dificultades para el acceso a trabajo, a los estudios, para integrarse a la vida plena”.
Afirmó que aunque se estima que en países pobres como la República Dominicana el 12% de su población padece algún tipo de discapacidad, la cifra podría ser superior precisamente por el incremento de los accidentes de tránsito.
Dijo que además de las secuelas neurológicas y motoras, estos pacientes suelen presentar problemas en el control de sus esfínteres, úlceras de decúbito e infecciones en los genitales que requieren de una atención muy especializada.
Otro problema es que muchos de estos pacientes, generalmente de estratos económicos muy bajos, requieren de prótesis, lo que según Celso Marranzini, genera una gran presión financiera a la institución, ya que el costo de estos implantes superan los RD$100 mil y no son cubiertos por la Seguridad Social.
Un presupuesto limitado
Expresó que la institución que ofrece un promedio de un millón 300 mil consultas anuales se ve limitada en sus planes de expansión a todos los municipios del país, como es el deseo de su fundadora, por las restricciones en su presupuesto, que este año asciende a RD$1,000 millones.
El empresario explicó que de este monto, apenas RD$107 millones provienen del Gobierno Central mientras que, el resto de recursos vienen de la venta de servicios a la Seguridad Social, donaciones y las actividades benéficas desplegadas a lo largo del año para mantener a flote la institución pionera en esta rama que actualmente ofrece el 70% de las atenciones y servicios de rehabilitación integral en todo el país.
Marranzini reveló que operan con un déficit que ronda entre los RD$30 y RD$40 millones anuales por lo que se ven obligados a sacrificar servicios de alto costo como las siete escuelas de educación especial con una matrícula de 1,300 estudiantes, puesto que un solo alumno cuesta alrededor de RD$8 mil mensuales y las familias solo están en capacidad de pagar RD$500. “A nosotros la escuela nos genera un déficit de RD$80 millones anuales que se nivela con otros servicios”.
Afirmó que para ampliar el acceso a todos los municipios está sujeto a que se doble el presupuesto actual. “Cada vez que abrimos un nuevo local es un dolor de cabeza porque lo primero que buscamos es que el local sea autosostenible para que no represente una carga para el presupuesto”, dijo tras anunciar que la próxima semana se abrirá un nuevo local en Haina que contribuirá a reducir el ausentismo laboral ya que el 33% de los pacientes que se atienden en la filial de San Cristóbal provienen de esa localidad.
Doña Mary destaca eficiencia de ADR
Pese a las limitaciones descritas, la presidenta de la ADR, se muestra satisfecha con la labor desplegada por la institución en sus más de 50 años.“Estamos haciendo una buena labor, una labor muy integrada con niños y adultos que están recibiendo los servicios para su adecuada integración a la sociedad como personas útiles. Esperamos poder seguir sirviendo por mucho tiempo y que lo hagamos con verdadera eficiencia profesional y que sigan siendo favorecidos muchos niños y adultos con problemas de retardo mental y de deficiencias físicas”.
Aboga por políticas de movilidad y accesibilidad
Marranzini considera que deben aplicarse políticas públicas como las introducidas por el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, para que una persona en silla de ruedas no se sienta impotente de trasladarse de un lugar a otro. Deploró que las guaguas del transporte público no tengan facilidades para sillas de ruedas y cobren el doble de lo que se cobra a un pasajero normal.
“Una persona en silla de ruedas puede ser totalmente independiente. No hay ninguna razón que lo limite”. Actualmente la Asociación Dominicana de Rehabilitación cuenta con 1,291 empleados, entre los que figuran médicos, fisiatras, ortopedas, neurólogos, terapistas, psicólogos que, en su mayoría son formados gracias a los acuerdos con las universidades Católica Madre y Maestra (PUCMM), Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y Católica de Santo Domingo (UCSD), según explicó Arturo Pérez Gaviño.
Pide cumplir inclusión laboral de discapacitados
Para el Vicepresidente de la ADR es sumamente importante que se cumpla con la ley que establece que el 5% de los empleados de las instituciones gubernamentales y el 3% en el sector privado sean personas con algún grado de discapacidad.
“Ni los empresarios ni el Gobierno cumplen ni remotamente. La única institución que cumple con esa ley es la Asociación de Rehabilitación que tiene alrededor de un 8% de su empleomanía cubierta con personas con discapacidad”. Dijo que esta norma no se aplica generalmente por desconocimiento y por la falta de accesibilidad en los espacios de trabajo, que deberían contar, al menos, con una rampa especial, un baño adaptado y un ascensor en edificios de más de dos plantas. Sostuvo que empresas como los Call Center, cuyos operadores realizan su labor sentados, podrían incorporar a su plantilla a personas con discapacidad. En ese orden, destacó la labor inclusiva de entidades gubernamentales como Edesur y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Pérez Gaviño abogó por que el Gobierno reduzca las barreras arquitectónicas en aras de mejorar la accesibilidad en las instituciones públicas, como las escuelas para la plena integración de los estudiantes con algún tipo de discapacidad motora. Dijo que aunque el Ministerio de Obras Públicas acogió recomendaciones internacionales en ese sentido, las escuelas construidas recientemente no tienen rampas ni baños adaptados.
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