La siembra latente que amenaza la preservación de Valle Nuevo

VALLE NUEVO, CONSTANZA. “Eso (la siembra) no se ha parado nunca, porque el agricultor chiquito tiene que vivir”. La frase del productor Juan del Carmen se esparce junto al ruido de su motocicleta entre las montañas de La Ciénaga, dentro del Parque Nacional Valle Nuevo, y contradicen las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, quien desde su despacho asegura que ya cesó la explotación agrícola del área protegida cuya conservación contribuiría a la sostenibilidad hídrica de República Dominicana.

 

Del Carmen acaba de salir de su vivienda, ubicada a escasos metros de un puesto de retén abandonado que, recuerda, fue colocado cuando el referido Ministerio inició, en abril de 2017, el Plan de Acción para el Rescate del Parque Nacional Valle Nuevo, un área protegida por ley, de la que emergen cientos de ríos que aportan su caudal a gran parte del país y que es amenazada por la alta actividad de cultivos en sus empinadas montañas de más de dos mil metros sobre el nivel mar.

 

“Los guardias se fueron hace como un año ya”, comenta. La caseta de madera, cuando se colocó, era custodiada por al menos dos guardias que tenían la misión de impedir que se continuara llevando equipos y herramientas de labranza a la zona conocida como “Madre de las Aguas” por su alto potencial hídrico.

 

La ausencia de la seguridad ha dado luz verde al libre trajinar de los agricultores que retomaron la siembra de aguacates, papas, zanahorias y cebolla, ajenos o desafiantes a la resolución 14/2016 emitida durante la gestión del anterior ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. La medida prohíbe “terminantemente” todas las actividades agrícolas que se desarrollen dentro del parque para cumplir con la ley que lo protege.

 

Algunos de los agricultores confiesan que cuentan, incluso, con instrucciones del propio Ministerio de Medio Ambiente para establecer plantaciones de aguacate.

 

“Eso viene desde arriba, fue Medio Ambiente que dijo que se siembre aguacate”, afirma Francis, un jornalero que entre octubre y noviembre sembró para su patrón casi cinco mil plantas de aguacate en la localidad conocida como La Nuez, en la parte sur del parque, correspondiente a la provincia San José de Ocoa.

 

En el patio de la vivienda que ocupa quedan todavía algunas de las plántulas que los jornaleros pospusieron sembrar hasta que pasara la fase de Luna Nueva.

 

“Cuando la Luna empiece a aclarar de noche se pueden sembrar, pero sacarlas de esa funda con la Luna Nueva se dañan de una vez”, dice dirigiendo la mirada al puñado de pequeños árboles ubicado a un lado de la casa. En sus terrenos también hay cultivos de zanahoria.

 

A Francis le tomaría un mes más cosecharla y comenta con resignación que será la última que siembre, pues ya el Ministerio de Medio Ambiente le prohibió seguir cultivando frutos de ciclo corto, una disposición que también incluye la papa, la cebolla y la habichuela.

 

Otro jornalero del lugar cuenta que tiene previsto sembrar en marzo unas 2,000 plantas de aguacate. A un lado de la casa tiene el vivero con el que ejecutará su plan. Su jefe, al que solo identifica como Frank, también cultiva papa, cebolla y apio “pa´ la parte alta de La Nuez”, comenta.

 

El dron de Diario Libre sobrevoló el lugar para acercarse a las pendientes y ver los cultivos.

 

 

En entrevista con Diario Libre, el ministro Estévez, junto al su viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Daneris Santana, aseguran que las plantaciones de aguacate que se muestran como si fueran nuevas en la zona, tienen más de tres años y que ya no se está sembrando.

 

Se refiere a una denuncia que a principios de noviembre hizo la Fundación Moscoso Puello, miembros del Consejo de Comanejo del Parque, alertando de la siembra en el área protegida. La fundación documentó los cultivos con fotos y videos que sirvieron de apoyo a una comunicación remita a Medio Ambiente, de la que –dicen- nunca tuvieron respuestas.

 

El ministro Estévez, cuestionado desde su designación en mayo pasado por los grupos ambientales debido a su condición de agroempresario, no piensa retirar esas plantaciones.

 

Con énfasis expresa: “yo no tumbo una mata de un producto que se consuma de ninguna forma, los alimentos no se destruyen”.

 

Estévez habla de lo beneficioso del aguacate frente a otros cultivos, como el arroz, porque consume menos agua y aguanta periodos de sequía más largos.

 

“Perú, México, Chile, Colombia tienen todas sus plantaciones de aguacate y de café en la loma que es un cultivo que por naturaleza se produce en la loma. Y usted sabe cómo está hecha la naturaleza: perfecta”.

 

El aguacate es uno de los rubros que está teniendo repunte en la política de exportación del actual gobierno de Danilo Medina. Estadísticas del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, basadas en datos de Trade Map, muestran que el monto de las exportaciones de aguacate aumentó de US$22.81millones en 2013 a US$48.86 millones en 2017. La cantidad de toneladas pasó de 20,628 a 15,162 en el mismo periodo.

 

Los datos del Ministerio de Agricultura indican que la cantidad de tareas sembradas de aguacate pasaron de 7,867 en 2012 a 31,889 en 2017.

 

Personas vinculadas a la administración del parque Valle Nuevo confiaron a Diario Libre que el Plan de Rescate se encuentra en un limbo, afectado por la falta de personal y equipo, así como por lineamientos poco claros de qué se permite o no.

 

La fuente indicó que gran parte de la brigada del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) fue retirada y el parque, de unos 910 kilómetros cuadrados, apenas cuenta con 14 militares que están concentrados en la zona de Constanza para evitar que los que fueron desalojados retornen.

 

“Si mueven los guardias para evitar el sembrado en Ocoa, entonces tienen que descuidar la parte de Constanza”, dijo la fuente.

 

Alegando violación a los planes de rescate de Valle Nuevo, el colectivo S.O.S Ambiente RD sometió en agosto pasado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en el que planteaba que el ministro Estévez “ha tenido una actitud de simpatía y promoción de los asentamientos agrícolas en el parque”.

 

 

La resolución 14/2016 emitida por Medio Ambiente el 29 de septiembre de 2016 pone bajo control de ese ministerio toda la infraestructura y red de distribución de agua localizadas en los límites del parque y otorgó un plazo de 120 días para cosechar o retirar todos los cultivos.

 

Cientos de productores de las localidades de Monte Llano, Pinalito, La Siberia, Pinar Parejo, El Convento y El Castillo fueron desalojados.

 

El entonces ministro, Francisco Domínguez Brito, inauguró a final de febrero de este año el complejo habitacional Villa Popy, donde reubicó a 51 de las familias desalojadas y les dejó la promesa de que se les entregaría tierras y una ayuda económica para su sustento hasta que vuelvan a producir.

 

 

Ante el incumplimiento, grupos de campesinos de la zona de Castillo amenazaron con volver a ocupar el parque.

 

En la parte sur se iniciaron algunos desalojos, pero muchos campesinos quedan en el lugar. Dicen que los han dejado tranquilos, pero todavía algunos residentes de Las Espinas, como Dominga Santos, mantienen el susto de que vuelvan a pedirles que se vayan.

 

“Si quieren que uno se vaya tienen que buscarle pa´ donde uno irse y pa´ donde trabajar”, comenta la señora madre de cuatro hijas que dice tener toda su vida en ese lugar y en cuyas tierras sigue sembrando zanahoria y cebolla “porque de eso es que uno vive”.

 

El ministro Estévez asegura que él no le va a tumbar casa a nadie, ni esas ni las de los ricos que tienen cabañas dentro del parque, de las que cuestiona el porqué no las quitaron antes.

 

Dice que como agricultor que es, se siente dolido por la forma como se hizo el desalojo. A su juicio, primero debieron construirse las casas para reubicar y luego sacar a los campesinos. Así piensa hacerlo, aunque le tome tres años sacar a los que permanecen en el área protegida.

 

“Cuando nosotros llegamos, apenas tengo cinco meses en este ministerio, encontramos este problema. Y en lo primero que nos enfocamos fue dónde vamos a llevar esas personas, dónde vamos a ponerlas a producir para que ellos tengan el sustento de su familia y eso es lo que estamos haciendo”, afirma.

 

Para los productores de Constanza, lugar donde el ministro es conocido por su empresa comercializadora de productos agroquímicos Agroterra Dominicana, Estévez ya tiene en manos un proyecto que le presentaron los propios afectados y que solo espera aprobación del presidente Medina.

 

Consiste en un proyecto de 200 mil metros cuadrados (unas 320 tareas) de invernaderos en el valle de Constanza, con un costo aproximado de RD$300 millones. Funcionará con tecnología de precisión que promete aumentar su rentabilidad y reducir al 15% la cantidad de agua utilizada en el cultivo a cielo abierto. El ministro habla de un esquema de cooperativa, pero no especifica los detalles.

 

Norberto Rosario, vocero de los productores desalojados y que presentó la propuesta a Medio Ambiente, entiende que esos invernaderos deben ser gratis, tipo permuta por las tierras que les quitaron.

 

“Se dan los pasos y creo que de aquí a enero o febrero se comience con ese proyecto… Estamos esperanzados pues ésta es una situación difícil”. El productor tiene planes de, en el futuro, recuperar los predios que tenía en Valle Nuevo y levantar una cabaña como tienen otros en Villa Pajón.

 

Por lo pronto se concentra en que Medio Ambiente le resuelva una deuda de RD$4.0 millones que mantiene con el Banco Agrícola de otras tierras que cultiva en el valle de Constanza.

 

“Aquí trataron de dividir y yo me puse del lado de la gente mía. Yo soy peledeísta, estoy inscrito ahí, es mi partido y, si me ´afuerean´ los compañeros míos, ¿a dónde voy? al Gobierno. Y, precisamente, porque yo necesito resolver ese problema que tengo en el Banco Agrícola. Si yo resuelvo eso, yo no jodo más”, dice.