Por: Manolo Pichardo
Un cable de WikiLeaks reveló que Horacio Cartes, el presidente que resultó electo después del golpe parlamentario contra Fernando Lugo, fue investigado por la DEA con relación a lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Aunque al momento de candidatearse la información no era del dominio de la mayoría de los electores, los paraguayos conocían de otros casos que lo vinculaban a distintos delitos, pues en 1985 fue condenado por un caso de estafa al Banco Central del Paraguay, por una cifra que superaba los 34 millones de dólares.
Ante la condena asumió la condición de prófugo, evadiendo el brazo de la justicia durante cuatro años, hasta que finalmente en 2008 su caso «fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia», una acción que el banco calificó de inconstitucional.
A Cartes, que siempre se le ha considerado un empresario poderoso que sabe usar el dinero para comprar personas e instituciones, decidió ingresar a la actividad política como lo hacen muchos individuos dedicados a la actividad empresarial, al entender que desde ésta pueden recurrir al tráfico de influencias y las presiones que se ejercen desde el poder para hinchar sus fortunas más rápido de lo que se lo permitan sus negocios tal como lo expresa Joseph Stiglizt: «…Definíamos un proceso de privación de poder, de desilusión y de privación de derecho al voto que da lugar a una baja participación electoral, a un sistema donde el éxito electoral requiere una gran inversión y donde quienes tienen dinero han realizado inversiones en el ámbito de la política con las que han hecho grandes recompensas –a menudo mayores que la rentabilidad que han conseguido con otro tipo de inversiones».
Esta realidad, impuesta tras el colapso de las llamadas democracias populares que giraban en torno al área de influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que evidencia un abandono del ejercicio de la política, entendida como una actividad que involucra ciencia y arte, que deben implicar el conocimiento de las cuestiones de Estado y la destreza para conciliar los intereses que se generan en una sociedad, marca un activismo partidario carente de las ideas que deben ser intrínsecas a las formaciones políticas, lo que ha venido a articular un escenario global en el que el dinero impone las pautas sociales y condiciona los procesos políticos y electorales.
Partiendo de esta situación, no fue difícil para un hombre con el prontuario de pasos brumosos, que incluyen, como han señalado algunos diarios editados fuera de su país, actividades de contrabando de cigarrillos hacia Brasil, país en el que se comercializan de forma ilegal alrededor de 2,200 millones de dólares de cigarrillos paraguayos, ganar las elecciones en medio de un turbulento escenario que generó el golpe parlamentario a Lugo que causó descontento en la región, al punto de que Federico Franco, sucesor del presidente destituido, vivió momentos de apuros al ser excluido de Unasur y el Mercosur.
Paraguay estaba aislado, la mayoría de los países de América Latina y algunos europeos definieron la separación de Lugo como una «ruptura al orden democrático», una posición que buscaba, desde los gobiernos latinoamericanos, enviar una señal de que no se estaba en disposición de permitir una cadena de hechos parecidos, sin sospechar que aquello era la continuación de un ensayo exitoso que inicio con Manuel Zelaya en Honduras y continuaría, ya en su definición y concepción acabada, con Dilma Rousseff en Brasil, para seguir la ruta de un esquema conspirativo que se articula partiendo de la realidad política, económica, social y cultural de cada uno de los países con gobiernos en la mira.
La reacción de América Latina frente al golpe parlamentario contra Fernando Lugo fue contundente. Lo rechazaron Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Ecuador; algunos de éstos fueron más allá de la condena; Ecuador, Venezuela, Cuba, Argentina y Bolivia, retiraron sus embajadores. República Dominicana, Perú, Uruguay, Colombia, México, Chile y Brasil los llamaron a consulta, aunque el terruño de Emiliano Zapata y la patria de García Márquez, los retornaron a pocos días, el país que vio nacer a Pablo Neruda, envió su embajador como observador cuando se presentaron las elecciones.
No solo los Estados respondieron en defensa al restablecimiento del orden democrático, sino que los partidos políticos agrupados en articulaciones de carácter continental como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, y el Foro de Sao Paulo, condenaron el golpe y estaban dispuestos a dar la batalla en favor del presidente Fernando Lugo. Para el momento yo era el presidente del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y recuerdo que mientras redactaba un comunicado de condena a lo que consideramos un golpe parlamentario, se me asomó mi asesor Max Cabrera para informarme que el presidente había aceptado los resultados del «juicio Político».
La información nos paralizó, como desencajó al liderazgo continental que entendía que la reacción de la sociedad regional organizada podría revertir «El Juicio», pero a medida que avanzaron los días algunos analistas comenzaron a opinar que la posición asumida por Fernando Lugo fue la correcta, bajo el argumento de que no estaban dadas las condiciones objetivas para revertir el golpe y que la lucha produciría un desgaste tal al presidente destituido que no tendría chance para la recuperación política, tal como se comenzó a ver a partir de la asunción al poder de Horacio Cartes.
Federico Franco, el cirujano que habría servido de peón a las fuerzas que estuvieron detrás de la destitución de Lugo, pensó en algún momento que podía hacer uso de un bisturí político para diseccionar a las organizaciones que respaldaban al presidente legítimo y a las conservadoras para hacerse un monstruo, desde los poderes del Estado, a su medida y servicio, pero los planes de los que lo utilizaron eran otros y el curso de los movimientos de la sociedad comenzarían a dirigirse por senderos distintos a los de sus planes, por ello, con el discurrir de los meses, comenzó a emerger el sacerdote que, durante su presidencia, dio inicio al proceso de inclusión social para poner el Estado al servicio de las mayorías.
El Frente Guasú sería la nueva cobija para la candidatura del expresidente progresista. Esta coalición de partidos que vino de la conjunción de formaciones políticas encabezada la Alianza Patriótica para el Cambio, entidad que llevó al poder al Lugo, y Espacio Unitario-Congreso Popular, EU-CP, en principio se le llamó Fuerzas Democráticas Progresistas, FDP, y luego Frente Democrático Progresista, FDP, para finalmente ser la organización que reúne al espectro de los espacios democráticos y de izquierda que confluyen en esta asociación que optó por reivindicar el guaraní, lengua de los pueblos originarios, en el que guasú significa grande o amplio, por lo cual el Frente Guasú, es una combinación de la voz castellana frente y la guaraní, grande o amplio, por lo que en Frente Guasú podemos leerlo como Frente Grande o Frente Amplio.
La recuperación política del expresidente Lugo tiene relación con su discurso y la impronta dejada por su gobierno, expresada en políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones materiales de existencia de su pueblo, pero también en la poco transparente gestión de gobierno de Cartes, la que no ha podido aprobar una «auditoría realizada bajo el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay» que «es un método de control de gestión implementado desde el año 2003 con el acompañamiento del gobierno estadounidense», según un trabajo periodístico servido por Telesur el 21 de abril de 2016.
Y como para encajar con el perfil de un hombre señalado como el más grande beneficiario de los contrabandos de cigarrillos paraguayos a Brasil, el mismo trabajo periodístico, citando un análisis de Bloomberg, la agencia especializadas en asuntos financieros creada por Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, revela las preocupaciones que existen en el mundo financiero con respecto a la transparencia en el manejo que da a la economía el gobierno de Horacio Cartes. Dice la agencia que «Paraguay se enfrenta a un enorme obstáculo: una economía subterránea que mata de hambre a las arcas del gobierno de ingresos fiscales y socava la legitimidad del Paraguay».
Y mientras el gobierno de Cartes se envolvió en los oscuros manejos de que dan cuenta las informaciones que hemos compartido, las protestas de campesinos y trabajadores que sufren los efectos de sus políticas públicas, que reflejan, además, los niveles de rechazo al gobierno y mandatario que rondan por el orden del 67 por ciento, Fernando Lugo, sin ser candidato, comenzó un ascenso que lo colocó en las preferencias del electorado por encima de cualquiera de los posibles candidatos de organizaciones políticas con importante presencia en el país, porque incluso, su posible candidatura, torpedeada por sectores que intentan impedir su postulación, cuenta con el apoyo hasta de sectores del Partido Colorado presidido por el propio presidente de la República.
Los altos niveles de popularidad activaron a los sectores conservadores paraguayos, que sin duda tienen aliados fuera de sus fronteras, tratando de «invisibilizar» a Lugo como un político con posibilidades de retornar al poder, en una estrategia mediática que no ha podido con el empuje de las fuerzas que sustentan su liderazgo por lo que recurrieron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que elaborara una sentencia que inhabilitara al exmandatario como posible candidato a la presidencia en las elecciones pautadas para 2018.
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