Por:Felipe Ciprián
En diciembre pasado escuché una entrevista radial en detalle que le hicieron a la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, en la que esa funcionaria abordaba varios temas relativos a sus nuevas competencias como funcionaria pública.
Por el contenido de sus respuestas, me llené de esperanza de que tal vez en el mediano plazo cambie para bien el desorden en el tránsito y la cultura represiva y discriminatoria de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).
Entre los temas que abordó figura el futuro uso de los alcoholímetros para detectar y sancionar a los conductores que guíen bajo los efectos del aguardiente.
De los Santos advirtió que la prueba del alcohol no se hará a todos los conductores, sino selectivamente, lo cual es lo correcto, pero hay que hacer una salvedad.
Probablemente este es de los pocos países donde un policía de tránsito hace detener a un conductor que va manejando en forma correcta y en un vehículo normal para comprobar si tiene sus papeles al día.
Quienes se resisten a mostrarle los documentos solicitados sin ninguna motivación, reciben una descarga idéntica: «¿Usted no sabe que la Policía está facultada por ley a detener a cualquier conductor y pedirle que se identifique y muestre los papeles del vehículo?».
Cuando me ha tocado a mí, siempre le he dicho que ningún policía que conozca su oficio detiene a un conductor que viene manejando correctamente, que su vehículo no está chocado ni ensangrentado, lleva sus luces normales, porque no hay ninguna motivación evidente.
Vergüenza da cuando uno o varios AMET montan un «operativo» para detener a conductores de vehículos utilitarios privados que conducen en forma prudente, para comprobar si tiene matrícula, licencia y seguro al día.
¿Saben los agentes de AMET cuántos autobuses de la Omsa, de transporte masivo de personal militar y policial carecen de seguro?
El único momento apropiado para un AMET pedir el carnet de licencia, el del seguro y la matrícula, es cuando un vehículo viene en infracción evidente de la ley, cuando ve manejo temerario, cuando está levantando un acta por accidente o circunstancias similares.
Si en este país el caos del tránsito va a cambiar, la autoridad del tránsito tiene que entender que los agentes de AMET no son ni cobradores de impuestos ni corredores de seguro para que estén dedicados en grado alto a «fiscalizar» a conductores.
Su trabajo esencial debe ser –y ojalá llegue a serlo- facilitar el tránsito, imponer orden con su autoridad bien ganada y su respeto, no por temor a su pistola o a las multas elevadísimas que se contemplan en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
Si la autoridad detiene a un conductor que usa la vía en forma correcta y va en un vehículo apropiado solo para comprobar que tiene papeles al día, hace un uso discriminatorio de la ley, pues se supone que es igual para todos y en ese caso debía parar a todo el mundo.
Claudia Franchesca tiene un arduo trabajo por delante y ojalá cuente con todo el apoyo que necesita para poner orden y enraizar una nueva cultura del tránsito en el país.
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