Santo Domingo.- El Gobierno dominicano reiteró que se mantiene firme en su política de protección social a través del congelamiento de la tarifa eléctrica —invariable desde el año 2022— y la aplicación de subsidios focalizados para mitigar los impactos de los precios internacionales de la energía y los combustibles en la economía familiar.
Las explicaciones fueron vertidas por el presidente Luis Abinader, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quienes detallaron el impacto de estas intervenciones y aclararon el funcionamiento del esquema tarifario vigente en el país. Las informaciones fueron dadas a conocer durante “LA Agenda Semanal”.
Mantenimiento de la tarifa y variaciones en la factura
El ministro Joel Santos enfatizó que las tarifas de la energía no han experimentado incrementos. No obstante, precisó que la estructura tarifaria se divide en cuatro tramos de consumo, lo que explica por qué algunos usuarios perciben aumentos significativos en sus facturas durante los periodos de mayor consumo.
«Si una persona consume entre 0 y 200 kilovatios hora paga RD$6.09, pero si sobrepasa los 700 kilovatios hora, la tarifa escala a RD$13.09 por la totalidad de los kilovatios consumidos. Un incremento del 10% en el consumo puede reflejar un aumento de entre 30% y 40% en el costo final si la persona salta al tramo superior», explicó Santos.
El titular de Energía y Minas subrayó que todos los renglones tarifarios continúan recibiendo subsidio estatal, ya que la tarifa de referencia o de mercado asciende a unos RD$15.50 por kilovatio hora.
Asimismo, destacó que la diversificación de la matriz energética ha reducido la vulnerabilidad del sector. Mientras en el año 2000 el 88% de la generación dependía del fuel oil, actualmente solo representa el 9%, gracias a la incorporación de gas natural, carbón y energías renovables, las cuales benefician además a más de 24 mil clientes mediante la generación distribuida.
Aumento del consumo del hogar y costo de los subsidios
Por su parte, el presidente Luis Abinader atribuyó las variaciones en el consumo energético al incremento de las temperaturas y a la mayor adopción de electrodomésticos en la población. Citando la Encuesta Nacional de Hogares, el mandatario indicó que entre 2017 y 2024 la tenencia de aires acondicionados en los hogares se elevó del 7.4% al 20%, la de televisores de pantalla plana se duplicó de 30% a 60%, y la de microondas pasó de 9.9% a 16.7%.
Abinader contrapuso la realidad dominicana con la de otras regiones del mundo donde los incrementos en las materias primas se transfieren automáticamente a los usuarios, y destacó que, pese a la condición insular del país, el Poder Ejecutivo decidió contener el impacto en los precios finales para resguardar la estabilidad y la paz social.
«Si no se hubiesen aplicado estos subsidios permanentes y coyunturales, la pobreza en lugar de reducirse significativamente habría aumentado. Ha sido una decisión de Estado asumir estos costos para no traspasar la crisis internacional a las familias dominicanas», afirmó el mandatario.
Proyección de los aportes estatales
En cuanto al esfuerzo financiero del Estado para el presente año, el presidente Abinader detalló la distribución de las partidas proyectadas en apoyo a la población y la producción nacional:
Subsidio eléctrico: Se prevé que el aporte estatal alcance aproximadamente los RD$100,000 millones de pesos al cierre del año.
Subsidio a los combustibles: Se proyectan unos RD$40,000 millones para amortiguar el alza de los hidrocarburos.
Programas sociales y transferencias: Los aportes directos del Gabinete Social rondan entre RD$35,000 y RD$36,000 millones, incluyendo el programa Bonoluz, que beneficia a 617,000 familias con una inversión de RD$3,700 millones.
Apoyo a la producción agrícola y alimentos: RD$2,200 millones destinados al subsidio de fertilizantes, además de aportes directos a sectores como el trigo para estabilizar el costo de alimentos básicos como el pan y las pastas.
El jefe de Estado concluyó señalando que los recursos destinados a sostener estas medidas provienen de ahorros y reajustes en diversas áreas de la administración pública, asegurando que las ejecutorias se mantienen en consonancia con la disciplina fiscal del Gobierno.
