Por: Katherine Díaz
Cada vez que conocemos un caso en el que antisociales, delincuentes o criminales —como prefiera llamarlos— irrumpen en la vida de una persona, violentan su integridad o entran a su domicilio, surgen inevitablemente dos preguntas: ¿qué esperaría de las autoridades si esto me ocurriera a mí? ¿Qué desearía para quien me hizo daño o a alguno de los míos?
Es ahí donde aparece el dilema sobre hasta qué punto deben preservarse los derechos de quienes delinquen. Porque, aunque vivimos en un Estado social, democrático y de derecho, cuando una persona es víctima de un hecho violento, como el ocurrido al merenguero conocido como Julián Oro Duro y su esposa, es comprensible que algunos reaccionen desde la indignación y se inclinen por aquella vieja frase: “al que hierro mata, a hierro muere”.
Sin embargo, también habría que detenerse a pensar en el dolor de las madres, esposas, hijos y demás familiares de quienes terminan perdiendo la vida tras cometer hechos como estos. Nadie quisiera ver a un desconocido entrar a su vivienda y poner en riesgo la seguridad de su familia. Pero tampoco nadie quisiera recibir a un ser querido en estado inerte.
No se trata de poner en una balanza el valor de una vida frente a otra. Pero seamos francos: cuando la seguridad propia o la de la familia está en peligro, el instinto humano siempre hará que esa balanza se incline hacia quienes amamos.
La ciudadanía está cansada de la inseguridad que persiste en República Dominicana. Es un problema social que aparece de manera recurrente en las encuestas y que también se convierte en una de las principales promesas durante las campañas electorales.
Hay, además, un patrón que se repite en numerosos casos: cuando un presunto delincuente cae abatido por agentes de la Policía Nacional, suelen aparecer residentes de la zona asegurando que esa persona los mantenía en zozobra y que, pese a las denuncias, continuaba operando.
De ahí surge entonces el recurrente enfrentamiento de argumentos entre la Policía Nacional y el sistema de justicia. Por un lado, la institución del orden sostiene que hizo su trabajo al perseguir y apresar al sospechoso. Por el otro, desde el ámbito judicial se argumenta que una persona no puede permanecer privada de libertad sin que existan pruebas suficientes para sustentar una acusación. El problema es que, mientras las instituciones se señalan mutuamente, la ciudadanía sigue sintiéndose desprotegida.
Y ojo con esto: existe un creciente hartazgo social que, si no encuentra respuestas institucionales eficaces, puede alimentar reacciones cada vez más preocupantes. Eso no le conviene al país ni a ningún gobierno.
Las calles necesitan seguridad. Las familias necesitan poder dormir tranquilas. Las víctimas necesitan justicia y quienes sean señalados como responsables deben responder ante la ley.
Pero precisamente ahí está el desafío: combatir la delincuencia con firmeza, sin convertir la lucha contra el crimen en una excusa para apartarse de la legalidad. Porque un Estado que protege a sus ciudadanos también debe ser capaz de garantizar que la justicia se aplique dentro de las reglas que él mismo ha establecido.
