Por: Katherine Díaz
Desde abril de 2025, el Gobierno dominicano aplica en los hospitales públicos del país un protocolo migratorio en el que participan diversas instituciones del Estado. En la mayoría de los casos, el proceso se activa a partir del ingreso de una parturienta haitiana en condición migratoria irregular y, a partir de ahí, se ponen en marcha una serie de procedimientos destinados a determinar si corresponde avanzar hacia las siguientes etapas, hasta llegar, eventualmente, a una deportación.
Es lógico suponer que, antes de poner en marcha este protocolo, las instituciones involucradas realizaron jornadas de capacitación dirigidas al personal responsable de su aplicación. Por eso resulta preocupante el caso denunciado recientemente por un abuelo dominicano, quien afirmó que su nieta, hija de su hijo dominicano mayor de edad y de una adolescente haitiana indocumentada de 16 años, fue deportada a Haití pocos días después de haber nacido en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con el relato del abuelo, todo comenzó cuando, presuntamente, en el hospital se negaron a incluir a su hijo como padre en el certificado de nacido vivo de la niña. Según explicó, en el documento únicamente figuró el nombre de la madre, por lo que a la infante no se le podía registrar como dominicana. A partir de ahí, la madre y la recién nacida fueron separadas: la adolescente fue trasladada al Vacacional de Haina, mientras que la bebé fue llevada al CONANI. Días después, ambas fueron deportadas a Haití.
Afortunadamente, la bebé fue retornada al país días después y entregada a su familia dominicana. Pero queda una pregunta inevitable: ¿qué necesidad había de someter a una familia que apenas comenzaba a vivir la experiencia de recibir a un nuevo miembro a semejante calvario?
Quienes todavía confiamos en que la institucionalidad del Estado dominicano ha avanzado, debemos también estar dispuestos a reconocer que pueden ocurrir errores, especialmente cuando intervienen múltiples instituciones y procedimientos complejos. Por eso, una de las explicaciones que más nos gustaría considerar es que lo ocurrido haya sido consecuencia del desconocimiento o de una deficiente capacitación del personal responsable de aplicar el protocolo.
Si ese fue el caso, la respuesta debe ser inmediata: corregir las fallas, reforzar la capacitación y garantizar que quienes intervienen en estos procesos conozcan con precisión sus competencias y las disposiciones legales que deben observar. Pero si, por el contrario, se determina que hubo conocimiento de la normativa y aún así se actuó de manera incorrecta o arbitraria, entonces corresponde establecer responsabilidades y aplicar las sanciones que determine la ley.
República Dominicana tiene todo el derecho de ejercer su política migratoria, proteger sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. Pero una política migratoria firme no tiene por qué estar reñida con el respeto a los derechos fundamentales ni con el debido cumplimiento de los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Al país no le hace falta otro escándalo internacional provocado por actuaciones que puedan evitarse con información, capacitación y supervisión. Mucho ha trabajado el presidente Luis Abinader y la Cancillería dominicana en la defensa de la soberanía nacional y, al mismo tiempo, en proyectar ante la comunidad internacional una República Dominicana comprometida con el respeto a los derechos humanos dentro del marco de sus leyes.
Por eso, además de aplicar correctamente el protocolo migratorio, debemos asegurarnos de que cada funcionario que participe en él conozca sus responsabilidades y los límites de sus actuaciones. La defensa de la soberanía y el respeto a los derechos humanos no son objetivos contradictorios: ambos deben formar parte de la misma política de Estado.
Evitar que un caso como este vuelva a ocurrir no solo es una obligación institucional, también es una forma de proteger la buena imagen de República Dominicana.
La auotora es periodista
