La aprobación del nuevo Código Penal ha vuelto a colocar sobre la mesa uno de los debates más importantes para cualquier democracia: ¿cómo proteger el derecho al honor y a la intimidad de las personas sin restringir la libertad de expresión y de prensa?
Durante las últimas semanas, los medios de comunicación, las redes sociales, los gremios periodísticos, juristas y diversos sectores de la sociedad han mantenido una intensa discusión sobre las disposiciones del nuevo código. Mientras unos consideran que fortalece la protección de los derechos individuales frente a la difamación y los abusos cometidos en el entorno digital, otros advierten que algunos de sus artículos podrían convertirse en una amenaza para el libre ejercicio del periodismo y la crítica ciudadana.
Como periodista que ejerció durante más de quince años en distintos medios de comunicación, recorriendo calles como reportero y aprendiendo que una información vale tanto como la evidencia que la sustenta, entiendo que este debate debe analizarse con serenidad y sin apasionamientos.
La revolución tecnológica democratizó la comunicación. Hoy cualquier persona con un teléfono móvil puede transmitir en vivo, publicar una denuncia o emitir una opinión que, en cuestión de minutos, puede alcanzar miles o millones de personas. Eso representa un enorme avance para la libertad de expresión, pero también ha generado una realidad incuestionable: muchos confunden el derecho a opinar con el derecho a acusar sin pruebas.
Durante años hemos visto cómo personas son condenadas primero en las redes sociales y después, si acaso, investigadas por las autoridades. La reputación de ciudadanos, empresarios, funcionarios e incluso personas completamente ajenas al debate público ha sido destruida por informaciones falsas, manipuladas o simplemente inventadas. En muchas ocasiones, quienes difunden esos contenidos no verifican fuentes, no contrastan versiones ni respetan principios elementales del periodismo.
El periodismo profesional descansa sobre pilares muy claros: verificar antes de publicar, escuchar todas las partes, documentar los hechos y actuar con responsabilidad. Quien ha recibido formación en comunicación social conoce que una denuncia debe sustentarse con evidencias y que la credibilidad se construye precisamente evitando los juicios apresurados.
Por eso considero que un periodista formado, que actúa conforme a la ética profesional y a los principios de la buena comunicación, difícilmente tendrá problemas para ejercer su labor bajo el nuevo marco legal. El verdadero riesgo recae sobre quienes han convertido las plataformas digitales en tribunales improvisados donde basta una cámara y una opinión para destruir el buen nombre de una persona.
Sin embargo, reconocer esa realidad no significa ignorar las preocupaciones que también despierta el nuevo Código Penal.
Resulta legítimo que periodistas, comunicadores, académicos, organizaciones civiles e incluso creadores de contenido cuestionen disposiciones que pudieran interpretarse como limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Especial inquietud generan las penas de prisión para determinadas conductas relacionadas con la difusión de información y la amplitud con la que algunos artículos podrían ser interpretados por los tribunales. Precisamente por ello, diversos sectores han propuesto revisar esos aspectos antes de su plena entrada en vigencia.
Las leyes no solo deben castigar los excesos; también deben garantizar que ningún ciudadano sienta temor de denunciar hechos de corrupción, investigar asuntos de interés público o ejercer la crítica legítima frente al poder.
No podemos permitir que la libertad de expresión sirva de escudo para la difamación irresponsable, pero tampoco debemos aceptar normas que, por su severidad o ambigüedad, provoquen autocensura entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.
La República Dominicana necesita un Código Penal moderno que proteja simultáneamente dos derechos fundamentales: la dignidad de las personas y la libertad de informar.
Por eso, si existen artículos susceptibles de generar interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico o el derecho ciudadano a expresarse, deben ser revisados y modificados. Rectificar una ley no representa una derrota para el Congreso; por el contrario, demuestra madurez institucional y compromiso con la democracia.
La mejor legislación será aquella que castigue la mentira deliberada, proteja a las víctimas de la difamación y, al mismo tiempo, garantice que ningún periodista serio, ningún ciudadano responsable y ningún medio de comunicación tenga miedo de investigar, denunciar o decir la verdad.
Porque una democracia fuerte necesita ciudadanos responsables, pero también necesita una prensa libre.
