San José de Ocoa.– La señora Silvia María Batista, propietaria de un inmueble afectado por los trabajos de construcción de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, denunció que la empresa contratista Acero Estrella y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) continúan ocupando e interviniendo parte de su propiedad sin haber realizado el pago de la indemnización correspondiente, pese a las reclamaciones y actuaciones legales emprendidas para procurar una solución.
La propietaria afirmó que acredita su derecho sobre el inmueble mediante un Certificado de Título expedido por las autoridades competentes y sostuvo que tanto la empresa contratista como el Ministerio han ignorado de manera reiterada las solicitudes de diálogo y compensación, situación que, según indicó, vulnera el derecho de propiedad consagrado en la Constitución de la República Dominicana.
Los abogados de la señora Batista, José Alberto Santana y Eliazer Ortiz, informaron que antes de acudir a la vía judicial agotaron diversos mecanismos legales, incluyendo la notificación de actos de alguacil, intimaciones formales, puesta en mora y actos de oposición a la continuación de los trabajos, mediante los cuales advirtieron a las entidades responsables sobre su obligación de indemnizar previamente los daños ocasionados por la ocupación del inmueble.
Explicaron que todas esas actuaciones fueron notificadas tanto a la empresa contratista como a las autoridades competentes, otorgándoles la oportunidad de cumplir voluntariamente con sus obligaciones legales. Sin embargo, aseguraron que hasta la fecha no han recibido una respuesta efectiva ni se ha producido el pago de la compensación reclamada.
Los representantes legales calificaron de inadmisible que una obra de interés público se ejecute desconociendo los derechos de un ciudadano que posee un título de propiedad debidamente registrado. En ese sentido, recordaron que el desarrollo de proyectos de infraestructura debe realizarse con estricto apego al ordenamiento jurídico y con respeto a las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada.
Asimismo, sostuvieron que la actuación de las entidades involucradas constituye una vulneración del artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece que ninguna persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad pública o interés social sin que medie el procedimiento legal correspondiente y el pago previo de una justa indemnización.
Indicaron que resulta inaceptable que una obra financiada con recursos públicos obligue a una ciudadana con un Certificado de Título debidamente registrado a emprender un proceso judicial para reclamar un derecho que, a su juicio, debió ser respetado desde el inicio de la intervención de su propiedad.
Los abogados reiteraron que todas las gestiones extrajudiciales fueron realizadas de buena fe con el propósito de evitar un litigio, pero afirmaron que la actitud que atribuyen a las entidades responsables no ha dejado otra alternativa que acudir a los tribunales para exigir la protección de los derechos constitucionales de su representada y la reparación integral de los daños sufridos.
Finalmente, advirtieron que, de mantenerse la negativa del MOPC y de la empresa Acero Estrella de cumplir con sus obligaciones legales, promoverán las acciones judiciales, constitucionales y administrativas que consideren pertinentes, incluyendo reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la ocupación del inmueble y las responsabilidades patrimoniales correspondientes, con el propósito de obtener el reconocimiento efectivo de los derechos de su representada.
