El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió este lunes a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos la madrugada del 8 de abril de 2025.
La decisión fue dada a conocer durante la lectura del fallo de la audiencia preliminar, en la que el magistrado evaluó la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por los querellantes y los argumentos de la defensa. Con esta decisión, el caso pasará a la fase de juicio oral y público, donde se debatirán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal de los imputados.
El Ministerio Público sostiene que los propietarios del centro de diversión incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias por presuntas negligencias vinculadas al mantenimiento y las condiciones estructurales del establecimiento. Durante el proceso preliminar, algunos querellantes solicitaron que los hechos fueran recalificados como homicidio voluntario, alegando que los acusados conocían los riesgos existentes en el inmueble.
Antonio y Maribel Espaillat enfrentan el proceso en libertad bajo una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$ 50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales. La medida fue ratificada previamente por la Corte de Apelación.
La tragedia ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta en la discoteca Jet Set. El desplome del techo provocó una de las mayores catástrofes registradas en la historia reciente de la República Dominicana, generando decenas de querellas y demandas por parte de familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Previo a la lectura del fallo, familiares de las víctimas insistieron en que el proceso judicial debe reflejar la magnitud de los hechos. Entre ellos estuvo Lidia Pérez de Taveras, hermana de Rubby Pérez, quien aseguró que los querellantes están dispuestos a agotar todas las vías legales disponibles para procurar justicia por las víctimas de la tragedia.
