Por Alfredo Arias Lara
Se impone una reflexión a raíz del caso del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de supuestamente gestionar y recibir en una entrega controlada US$10,000 de una persona que se encuentra bajo investigación del órgano persecutor, y que ya para dicho fiscal el Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva.
En toda sociedad organizada bajo el imperio del Derecho, la figura del Ministerio Público representa una de las más delicadas expresiones del poder estatal. No solo persigue el delito: encarna la defensa del interés público, la legalidad y la confianza ciudadana en la justicia. Por ello, cuando un fiscal —llamado a investigar, perseguir y combatir la corrupción— es sorprendido en actos de extorsión contra un investigado, el hecho trasciende lo penal y se convierte en un verdadero quiebre institucional.
La Constitución de la República Dominicana es clara y categórica al respecto, cuando condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, estableciendo que será sancionada con el mayor rigor. No se trata de una cláusula decorativa, sino de un mandato imperativo que alcanza, con mayor severidad, a quienes ejercen funciones de persecución penal. Como todos sabemos “a mayor poder, mayor es el deber de rectitud”.
En este contexto, la conducta de un fiscal que utiliza su posición para exigir beneficios indebidos no solo encuadra en los tipos penales previstos en el Código Penal Dominicano —como el cohecho, la concusión o la extorsión—, sino que representa una inversión perversa del orden jurídico: el garante de la legalidad deviene en agente de abuso.
La Ley No. 41-08 de Función Pública refuerza esta prohibición al establecer que ningún servidor público puede valerse de su cargo para obtener ventajas personales o para terceros. Esta norma, lejos de ser retórica, define el estándar mínimo de comportamiento ético exigible en la administración pública.
A su vez, el Código de Ética del Servidor Público impone principios de probidad, integridad e imparcialidad, prohibiendo expresamente la aceptación de beneficios indebidos. En palabras que aplican con fuerza en este caso, resulta necesario recordar que “el interés general debe prevalecer siempre sobre cualquier interés particular”.
Pero más allá de la infracción normativa, lo que verdaderamente alarma es la erosión de la confianza pública. La justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Cuando quien investiga se convierte en extorsionador, el ciudadano deja de ver en el sistema un refugio de garantías y comienza a percibirlo como un espacio de riesgo.
Como advirtió Montesquieu: “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; va hasta que encuentra límites.” La función del Derecho, precisamente, es establecer esos límites y hacerlos efectivos sin excepciones.
De igual forma, la experiencia comparada y la doctrina contemporánea coinciden en que los delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen un impacto agravado, pues no solo lesionan bienes jurídicos individuales, sino que socavan la estructura misma del Estado de Derecho.
En consecuencia, estos hechos no pueden ni deben ser tratados como episodios aislados. Requieren una respuesta firme, ejemplar y transparente por parte de los órganos competentes, incluyendo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como de los mecanismos de control ético e institucional.
No se trata únicamente de sancionar a un individuo, sino de reafirmar un principio esencial: en la administración pública no hay espacio para el uso privado del poder. Permitirlo, tolerarlo o relativizarlo equivale a legitimar la corrupción desde sus propias entrañas.
En definitiva, cuando el fiscal se convierte en extorsionador, no solo traiciona su juramento: traiciona la confianza de toda una sociedad. Y esa es, quizás, la forma más grave de corrupción.
El autor es ocoeño, educador, abogado y analista político.
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