Escrito Por: Neury Tejeda
En una sociedad donde la confianza en las instituciones fiscalizadoras se ha debilitado profundamente, hablar de control y cumplimiento de la ley se ha convertido en un tema sensible. No porque la ciudadanía se oponga al orden, sino porque cada vez son más frecuentes los casos que ponen en duda la transparencia y el respeto en los procesos de fiscalización.
Ayer fuimos testigos de un incidente entre un agente de la DIGESETT y un ciudadano en el municipio cabecera de la provincia San José de Ocoa. Días antes, circuló un video de un joven visiblemente afectado, llorando de impotencia tras la retención de su motocicleta. A esto se suma la denuncia de un señor de edad avanzada que, al intentar realizar un trámite, descubrió que tenía alrededor de 60 multas registradas a su nombre, sin siquiera poseer un vehículo.
Lejos de ser hechos aislados, estos casos reflejan una realidad que se repite diariamente: ciudadanos que denuncian irregularidades, multas que no reconocen y procedimientos que generan más desconfianza que seguridad.
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable:
¿Qué están haciendo las instituciones para recuperar la credibilidad ante la sociedad?
La ciudadanía dominicana, ya golpeada por el alto costo de la vida, enfrenta ahora otro problema: las llamadas “multas fantasmas”, cuyo origen muchas veces resulta incierto. Esto no solo afecta el bolsillo, sino también la percepción de justicia y transparencia en el sistema.
Es importante dejar claro que la población no está en contra de la fiscalización ni del cumplimiento de la ley. Todo lo contrario. El orden es necesario para la convivencia social. Sin embargo, existe una línea muy clara entre hacer cumplir la ley y cometer abusos en su nombre.
La fiscalización debe ejercerse con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, respeto. Los agentes encargados de velar por el orden deben entender que su autoridad no se impone con intimidación, sino que se construye a través de la confianza.
Hoy, lamentablemente, muchos ciudadanos sienten temor cuando son detenidos por un agente, no por haber cometido una infracción, sino por la incertidumbre de ser víctimas de irregularidades. Esa percepción es peligrosa para cualquier Estado, porque erosiona la legitimidad de sus instituciones.
Por ello, es momento de hacer una pausa. Las autoridades deben escuchar a la ciudadanía, revisar sus procedimientos y garantizar que cada acción esté alineada con la ley y los derechos fundamentales.
Recuperar la confianza no es una tarea fácil, pero es imprescindible. Y solo se logrará cuando la fiscalización deje de percibirse como un mecanismo de abuso y vuelva a ser vista como lo que debe ser: una herramienta para garantizar el orden, la justicia y el bienestar de todos.
